Juez suspende la aplicación de las medidas ejecutivas migratorias de Obama

Un juez federal de Texas anunció la suspensión temporal de las medidas ejecutivas migratorias anunciadas en noviembre por el presidente Barack Obama que buscan regularizar a más de cinco millones de indocumentados.



El juez que instruye la causa de una demanda presentada por 26 estados contra las medidas ejecutivas de Obama, Andrew Scott Hanen, decidió que el presidente debe suspender «temporalmente» la implementación de su decreto, según el fallo.

La decisión del magistrado, con fecha del 16 de febrero, se anuncia la vísperas de que este miércoles comenzase el plazo de inscripción por el que miles de jóvenes indocumentados podrían acogerse al alivio migratorio de la Acción Diferida (DACA), que posterga por tres años su deportación y les permite obtener un permiso de trabajo temporal.



Aparte de la ampliación del DACA, un plan ideado en 2012 y con el que se ha evitado la deportación de más de medio millón de jóvenes a los que se conoce como «soñadores», las acciones ejecutivas incluyen un nuevo programa que concedería permisos de trabajo a los padres de ciudadanos estadounidenses o hijos con estatus permanente.

Este plan estaba previsto que comenzase en mayo próximo.



En su fallo, el juez asegura que «al haber hallado que al menos un demandante satisface todos los elementos necesarios para mantener la demanda», concede «un mandato judicial temporal» para suspender la aplicación de las medidas hasta que haya «una resolución final de los méritos de esta causa o una orden ulterior de este tribunal».



La decisión del juez Hanen, quien fue propuesto para el puesto en 2002 por el expresidente George W. Bush, es vista como un indicio de que a la postre podría inclinarse definitivamente a favor de los demandantes y fallar en contra de las medidas ejecutivas.



Se espera que el Gobierno de Obama recurra a esta decisión ante el tribunal de apelaciones correspondiente a la zona, con sede en Nueva Orleans, para intentar que no afecte el comienzo de la aplicación de sus medidas ejecutivas, como tenía programado, a partir de este miércoles.



La decisión del juez responde a una demanda liderada por Texas y presentada el pasado 3 de diciembre por una coalición de diecisiete estados, a los que se le han ido sumando otros hasta sumar un total de 26, uno más que la mitad de los 50 que integran la nación, que consideran que el presidente se extralimitó en sus poderes.

Se trata de Alabama, Arizona, Arkansas, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Kansas, Luisiana, Maine, Michigan, Misisipi, Montana, Nebraska, Nevada, Ohio, Oklahoma, Tennessee, Utah, Virginia Occidental y Wisconsin, además de Texas.



La gran mayoría de estos estados están en manos de los republicanos, que se oponen a la acción ejecutiva y también protagonizan un movimiento en el Congreso destinado a bloquearla dejando sin presupuesto al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la agencia encargada de su implementación.



Los fondos para financiar el DHS, una institución cuyas competencias además de inmigración incluyen terrorismo o ciberseguridad, se agotarán el próximo 27 de febrero en caso de que lo congresistas no lleguen antes a un acuerdo.



El nuevo gobernador de Texas, Greg Abbott, que el pasado mes sustituyó en el cargo a Rick Perry y que impulsó la demanda, reaccionó inmediatamente al fallo judicial y se mostró complacido.



«La decisión del juez Hanen detiene radicalmente las extralimitaciones del presidente en su camino (…) Vivimos en una nación gobernada por un sistema de equilibrios y controles, y el intento del presidente de pasar por encima de la voluntad del pueblo estadounidense fue hoy controlada», dijo Abbott en una declaración.



Los estados demandantes consideran que con sus medidas ejecutivas Obama «viola la Constitución de los Estados Unidos y la ley federal, elude la voluntad del pueblo estadounidense y afrenta a las familias y personas que siguen la leyes para migrar legalmente».



Frente a esto, otra coalición, esta vez integrada por doce estados y el Distrito de Columbia, anunció que defenderá las medidas ejecutivas migratorias del presidente, al argumentar que, lejos de suponer una carga, las medidas son beneficiosas al «aumentar sus ingresos» y «reducir la demanda de servicios sociales».



Los doce estados (California, Connecticut, Hawai, Illinois, Iowa, Maryland, Massachusetts, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Vermont y Washington) y el Distrito de Columbia se presentaron como «amicus curiae» (amigo de la corte) en el proceso contra las medidas que buscan regularizar a más de cinco millones de indocumentados.



Los defensores creen que las medidas benefician a los estados porque mejoran de la seguridad, mantienen unidas a las familias y ayuda a la economía, porque los inmigrantes trabajadores, que pagan sus impuestos, «pueden salir de la sombra», según el procurador general de Washington, Bob Ferguson, impulsor de la coalición.



Por su parte, Abbott, que fue procurador general de Texas antes de ganar la gobernación, considera que las medidas ejecutivas, lejos de beneficiar a la nación, conllevarán más «inmigración ilegal» y más inseguridad en la frontera.



Obama anunció el pasado 20 de noviembre un conjunto de medidas unilaterales para regularizar a más de cinco de los once millones de indocumentados que hay en el país, la mayoría padres con hijos que son ciudadanos o tienen residencia permanente.