Obama no llevará, por ahora, medidas migratorias al Supremo

El Gobierno del presidente Barack Obama no buscará amparo en el Tribunal Supremo para ejecutar las medidas migratorias destinadas a regularizar a cinco millones de indocumentados que anunció hace seis meses y cuya aplicación suspendió un juez de manera temporal.



El Departamento de Justicia informó en un comunicado de que, en vez de acudir al alto tribunal, el Gobierno se concentrará en luchar por el alivio migratorio en una audiencia programada para el 6 de julio en la Corte de Apelaciones de Nueva Orleans (Luisiana), en la que los jueces del tribunal tienen previsto estudiar el caso.



Con dos votos a favor y uno en contra, tres magistrados de esa Corte de Apelaciones decidieron el pasado martes desestimar un recurso de urgencia del Gobierno y mantener la suspensión de las medidas, que dictó en febrero el juez federal de Texas Andrew Hanen a petición de 26 estados, en su mayoría republicanos y liderados por Texas.



“Aunque el Departamento continúa en desacuerdo con la negativa del Quinto Circuito a levantar la suspensión, ha decidido que no buscará amparo en la Corte Suprema”, anunció en el comunicado el portavoz del Departamento de Justicia, Patrick Rodenbush.



No obstante, el Departamento de Justicia, que ejerce en el proceso el papel de la Fiscalía, se ha comprometido a tomar “lo antes posible” las medidas necesarias para lograr el fin de una pugna legal, que ya ha pasado por la corte federal de Brownsville (Texas) y la corte de apelaciones de Luisiana.
Con su decisión, el Gobierno se reserva la posibilidad de recurrir a la máxima instancia judicial del país, que podría favorecer a Obama, dado que el Supremo ya emitió un fallo en 2012 para respaldar la discrecionalidad del Gobierno federal en la aplicación de las leyes de inmigración.



De esta forma, el Ejecutivo, que no alberga dudas sobre la legalidad de sus medidas, prefiere no agotar ninguna de sus opciones legales para “tener una posición más fuerte” ante el Supremo en el caso de que decida recurrir en un futuro, según destacaron altos funcionarios de la Casa Blanca en declaraciones a la prensa.

“Si necesitamos ir a la Corte Suprema de Justicia, lo haremos de la manera más estratégica, de la mejor manera y en el momento indicado”, dijo un alto funcionario de la Casa Blanca.



Como hizo Obama en su esperado discurso para anunciar las medidas migratorias, el Gobierno reiteró su intención de reparar un sistema de inmigración “roto” en el que la prioridad para la deportación sean los criminales y no las familias.



“El Departamento cree que la mejor manera de lograr este objetivo es centrarse en la apelación en curso”, destacó Rodenbush con la vista puesta en la audiencia del próximo 6 de julio y la decisión que deben de tomar todos los jueces de la corte de Nueva Orleans, considerada una de las más conservadoras del país.



En esa audiencia, los abogados del Departamento de Justicia se verán las caras con el fiscal general de Texas, Ken Paxton, encargado de representar a la coalición de 26 estados, que calificó el mantenimiento de la suspensión de las medidas como una “victoria” para el Estado de Derecho.



“Decir a inmigrantes ilegales que ahora pueden vivir legalmente en este país es un cambio drástico en la política de inmigración. El intento del presidente para hacer esto por sí mismo, sin una ley aprobada por el Congreso y sin ningún aporte de los estados, viola la Constitución y las leyes de EEUU”, dijo el fiscal en un comunicado.



Precisamente, ésta es la cuestión de fondo de la batalla legal, en la que los estados en manos republicanas esgrimen que la potestad para cambiar la política migratoria es del Legislativo y que las medidas del presidente no solo vulneran su autonomía, sino que les supondrán grandes perjuicios económicos.

Frente a ello, el Gobierno federal asegura que posee autoridad única para aplazar las deportaciones, , un argumento que ya utilizó para sacar adelante en 2012 el programa de Acción Diferida (DACA) para jóvenes indocumentados.



La ampliación de este programa y el programa de acción diferida para padres (DAPA) son las medidas que dejó en suspenso en febrero el magistrado tejano Hanen, respaldando la idea esgrimida por los conservadores de que Obama se excedió en sus poderes al dictar las acciones ejecutivas.



Obama se comprometió por primera vez en 2008 a cambiar el sistema migratorio y decidió actuar unilateralmente, ante la imposibilidad de que la Cámara de Representantes sometiera a votación una ley bipartidista para una reforma migratoria aprobada por el Senado en junio de 2013.