La venta de tejido fetal activa el debate sobre el aborto

El debate sobre el aborto, uno de los temas que más polariza la opinión en el país, se ha activado al conocerse que una organización vende tejido de fetos abortados para propósitos de investigación, lo que ha desatado una cruzada republicana que incluso amenaza con cerrar el Gobierno.



La polémica tiene su origen en cuatro vídeos grabados con cámara oculta y editados por un grupo antiabortista, en los que miembros de Planned Parenthood, una organización de planificación familiar sin ánimo de lucro, hablan sobre la venta a investigadores médicos del tejido de los fetos abortados en sus clínicas.



Esos vídeos han indignado enormemente al partido republicano, tradicionalmente contrario al aborto, y han motivado incluso a aspirantes presidenciales como Donald Trump y Ted Cruz a respaldar la idea de paralizar el Gobierno si no sale adelante una campaña para suprimir los fondos federales que recibe Planned Parenthood.



Los republicanos acusan a la organización de lucrarse con la venta de tejido fetal, algo ilegal en Estados Unidos, y trataron de eliminar la porción federal de los más de 500 millones de dólares que el grupo recibe al año en fondos públicos, pero ese primer intento fracasó en una votación en el Senado.



“Planned Parenthood cosechó despiadadamente los órganos de bebés no natos para venderlos por un precio”, afirmó la senadora republicana Joni Ernst.

Sin embargo, Planned Parenthood ha defendido enérgicamente que solo cobra por el tejido fetal lo suficiente para cubrir los costes que le supone preservarlo y transportarlo hasta los investigadores, algo que sí permite la ley federal.



La mayoría de los demócratas alega que los vídeos están editados en exceso por activistas con una clara motivación ideológica y que suprimir los fondos a la organización dejaría a cientos de miles de mujeres sin acceso a servicios básicos de salud reproductiva.



“Que los republicanos intenten eliminar los fondos a Planned Parenthood es solo un paso más en un ataque a los derechos de las mujeres lanzado de forma metódica, deliberada y orquestada desde la derecha”, dijo la senadora demócrata Elizabeth Warren.



La ley prohíbe desembolsar fondos del Gobierno para la interrupción de embarazos, por lo que Planned Parenthood, la organización que más abortos lleva a cabo en el país -más de 300.000 al año- no los utiliza para ese fin.

No obstante, los abortos representan solo el 3 % de los servicios que la organización proporciona a 2,7 millones de mujeres en todo el país, en su mayoría de escasos recursos, según sus propios datos.

El resto son pruebas de cáncer de mama y cáncer cervical, servicios de prevención del embarazo, exámenes y tratamientos para enfermedades de transmisión sexual.



La polémica ha calado hondo en un país que sigue dividido respecto al aborto 42 años después de su legalización, con un 50 % a favor del derecho de la mujer a tomar esa decisión y un 44 % en contra, según una encuesta publicada en mayo por Gallup.



En los vídeos, miembros del grupo antiabortista Center for Medical Progress se hicieron pasar por representantes de una compañía de investigación biológica y grabaron dos almuerzos con ejecutivas de Planned Parenthood.

Una de ellas, Deborah Nucatola, afirma en un vídeo que el precio al que suelen vender el tejido fetal es de “entre 30 y 100 dólares” por espécimen y que no es algo que les genere “ingresos”, sino que está destinado al “bien de la comunidad médica”.



Planned Parenthood se ha disculpado por el tono despreocupado con el que sus ejecutivas parecen hablar del tema, mientras beben copas de vino y conversan sobre precios en lo que una de ellas llega a describir como una “negociación”.



El caso también ha generado dudas sobre si Planned Parenthood altera sus métodos al practicar abortos para garantizar la integridad del tejido fetal, y sobre si, en general, es ético usar restos de fetos para investigación médica.



Los republicanos han lanzado ya una investigación en el Congreso sobre las prácticas de la organización, y su batalla presupuestaria no termina con el fallido voto en el Senado, porque la Cámara Baja tiene previsto votar sobre el mismo tema en septiembre.



El presidente Barack Obama ha prometido vetar cualquier legislación presupuestaria que despoje de fondos a la organización.

Por tanto, si los republicanos se niegan a eliminar esa cláusula del presupuesto federal, podrían provocar la primera paralización de la Administración por falta de fondos desde 2013, aunque aún no está claro el respaldo que tiene en el partido esa medida extrema.



Aún si el plan de Cruz y Trump no prospera, el tema podría cobrar fuerza a lo largo de la campaña presidencial de 2016, e incluso desembocar en la eliminación de los fondos para la organización si es un republicano el que llega a la Casa Blanca.