Forzados a la salida voluntaria pueden hacer reclamo y volver al país

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) recordó que se aproxima la fecha límite para que inmigrantes que fueron forzados por agentes federales a firmar su salida voluntaria del país pidan tener una cita ante un juez de inmigración.



ACLU aclaró a los inmigrantes que el último día para enviar solicitudes es el 23 de diciembre, por lo que les exhortó a reunir los requisitos y ponerse en contacto a la mayor brevedad.



Para beneficiarse del acuerdo colectivo López-Venegas aprobado a principios de año, la persona solicitante deberá haber firmado la salida del país entre el 1 de junio de 2009 y el 28 de agosto de 2014, además de haber sido procesada por la Patrulla Fronteriza o el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la zona del sur de California (San Diego, Imperial, Orange, Riverside, Los Ángeles, San Bernardino, Ventura, Santa Bárbara o San Luis Obispo).



Otro requisito es que el interesado deberá de haber tenido una opción legal para permanecer en el país al momento de la deportación, como haber vivido en Estados Unidos por más de diez años, tener hijos, padres o cónyuge con ciudadanía o residencia legal permanente, o calificar para el programa de Acción Diferida.



El organismo ha recibido cientos de llamadas telefónicas y correos electrónicos y hasta hoy, cerca de 30 personas ya han regresado al país para presentarse ante un juez, mientras que decenas más se encuentran a la espera de que su petición sea aprobada por el gobierno.



Aunque un gran número de las llamadas recibidas no califican para esta demanda debido a que no cumplen con los requisitos -el más común es el de haber firmado su salida en otro estado que California-, representantes de la ACLU indicaron que registrarán todos los casos para tener una visión amplia sobre esta problemática a lo largo de la frontera e impulsar cambios a nivel legislativo.



“Hay mucha evidencia que muestra que estas prácticas deberían ser (implementadas) a nivel nacional, que en todas partes del país se deberían recibir los mismos derechos que una persona recibe aquí en el sur de California a resultado de esta demanda”, dijo Anna Castro, portavoz de ACLU en San Diego.



Por otra parte, la Patrulla Fronteriza e ICE han aceptado capacitar a oficiales para notificar a los inmigrantes sobre las repercusiones de firmar la salida del país y su derecho a llamar a un abogado, además de colocar carteles informativos en centros de detención.



La ACLU tendrá tres años para monitorear la implementación de estas reformas y a la vez contempla realizar una campaña educativa para asegurarse que personas en esta situación conozcan sus derechos.