Estados demandan medidas migratorias
Una coalición de 17 estados liderada por Texas interpuso una demanda contra las medidas ejecutivas sobre inmigración anunciadas en noviembre por el presidente Barack Obama por las que se regulariza temporalmente a cerca de cinco millones de indocumentados.
Así lo anunció el procurador general de Texas y gobernador electo, Greg Abbott, que interpuso la demanda ante un tribunal federal al considerar que Obama se extralimitó en sus poderes.
“El presidente está abdicando de su responsabilidad de hacer cumplir fielmente las leyes que fueron debidamente promulgadas por el Congreso y está intentando reescribir las leyes de inmigración, lo cual no tiene autoridad de hacer”, dijo Abbott.
Los estados que acompañan a Texas en la demanda son Alabama, Georgia, Idaho, Indiana, Kansas, Luisiana, Maine, Misisipi, Montana, Nebraska, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Utah, Virginia del Este y Wisconsin.
Se trata de la segunda demanda de alto perfil en contra de las medidas promovidas por Obama tras la anunciada por el polémico alguacil de Arizona Joe Arpaio, conocido por su mano dura contra los indocumentados y sus redadas en negocios que les dan trabajo.
Por su parte, el presidente de la cámara baja, el republicano John Boehner, instó a sus compañeros a aprobar un presupuesto que solamente financie al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el encargado de ejecutar dichas medidas migratorias, hasta marzo de 2015, cuando está prevista su puesta en vigor.
La de Abbott, que el 20 de enero asumirá como nuevo gobernador de Texas, es la demanda número 31 en contra de Obama desde que el político demócrata accedió a la Casa Blanca en 2009. Tanto él como el actual gobernador, Rick Perry, potencial aspirante a la Presidencia en 2016, han alertado de que estas medidas ejecutivas, lejos de beneficiar a la nación, conllevarán más “inmigración ilegal” y más inseguridad en la frontera.
Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, defendió esta semana en el Congreso las acciones ejecutivas en materia migratoria tomadas por el presidente Barack Obama, que calificó de “sentido común” y sobre las que dijo sentirse “completamente tranquilo” por su legalidad.
“La realidad es que, dados nuestros limitados recursos, estas personas no son prioritarias para ser deportadas. Es hora de que reconozcamos eso y les animamos a rendir cuentas”, dijo Johnson, quien al comienzo de su intervención subrayó que con esta es la duodécima vez que en sus once meses en el cargo acude a testificar ante los legisladores.
“Durante décadas, los presidentes han utilizado su autoridad ejecutiva para mejorar la política de inmigración. El presidente Obama considera estas acciones como un primer paso hacia la reforma del sistema, y sigue contando con el Congreso para la reforma más amplia que sólo los cambios en la ley puede proporcionar”, insistió Johnson ante el Comité de Seguridad Nacional de la cámara baja.
El secretario dijo estar “completamente tranquilo” con “cada una” las decisiones tomadas, que según informó, le recomendó personalmente al presidente.