Activistas llevarán a la Corte Suprema bloqueo a medidas de alivio migratorio

Inmigrantes y activistas de todo el país se comprometieron a mantener la lucha a favor de las medidas del presidente Barack Obama que buscan regularizar a cerca de cinco millones de indocumentados en EEUU, y llevar el caso directamente a la Corte Suprema en busca de soluciones permanentes.



“No vamos a perder la esperanza, seguiremos luchando porque tenemos el apoyo de mucha gente”, declaró el indocumentado José Serbin, quien llegó desde Alabama hasta Nueva Orleans, para sumarse junto a cientos de personas a la manifestación desarrollada frente al Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito.



Por medio de los abogados del Departamento de Justicia, la Administración del presidente Barack Obama intentó el pasado viernes convencer a los magistrados de este tribunal de que le permitan implementar sus medidas migratorias, emitidas el pasado mes de noviembre, y luego bloqueadas el 16 de febrero por el juez federal de Texas Andrew Hanen.



Con miras a hacer sentir su voz durante el desarrollo de esta audiencia, manifestantes procedentes de más de 20 estados entonaron cánticos como “No somos uno, no somos cien, somos millones”.



Entre los activistas figuró el director ejecutivo de la Coalición de Illinois para los Derechos de Inmigrantes y Refugiados, Lawrence Benito, quien llamó a luchar “por soluciones permanentes” y a llevar el tema al Supremo, instancia en donde confía “se hará cumplir” las órdenes ejecutivas del presidente.



Según Benito, “es esperable” que los dos jueces conservadores del panel de jueves, Jennifer Elrod y Jerry Smith, “hagan lo posible a su alcance para entorpecer los planes” de Obama, cuya acciones ejecutivas ampliaron la Acción Diferida de 2012 y extendió la protección a los padres a través del programa Acción Diferida para Responsabilidad de los Padres (DAPA).



Benito expresó que la demanda entablada por la coalición de 26 estados, encabezados por Texas y en su mayoría republicanos, evitan que millones de inmigrantes “accedan a protecciones que les permitirían vivir sin temores y contribuir plenamente con sus comunidades”.



No se espera una pronta decisión del panel de jueces, que se completa con la magistrada progresista Carolyn Dineen King, y que escuchó a los estados demandantes.



Este retraso preocupa a activistas como Marielena Hincapié, directora ejecutiva del Centro Nacional de Leyes Migratorias (NILC), de Los Ángeles, y quien opinó que el proceso judicial demora “mucho más de lo deseado”, porque el tema resulta muy complicado incluso para los jueces.



Hincapié estuvo presente en la audiencia y en una posterior conferencia telefónica con periodistas dijo que tanto las preguntas de los jueces, como los argumentos de los abogados de los demandantes, “demostraron realmente una tremenda falta de comprensión” de lo que ha significado DACA para los jóvenes “soñadores”.



“Hoy se enfocaron casi exclusivamente en las licencias de conducir, sin saber que el 89 por ciento de los soñadores ya tiene ese documento por primera vez, y que inclusive un 21 por ciento compró automóvil”, agregó.



Kica Matos, del Movimiento por una Reforma Migratoria Justa (FIRM), declaró en un comunicado que la audiencia de hoy fue solamente “teatro político y una farsa”, y adelantó que los activistas no esperan una resolución favorable de la corte de apelaciones para destrabar la situación.



Es por eso que los activistas están preparados para luchar y llevar el caso directamente al Supremo, “donde estamos seguros que vamos a prevalecer”, dijo.



Si los magistrados mantienen la suspensión, como auguran muchos analistas basándose en la composición del tribunal y los precedentes, el caso saltará al Tribunal Supremo, que no escuchará argumentos hasta la próxima primavera y no fallará hasta el verano, en plena campaña para las elecciones presidenciales.



Apolonio Morales, director de Políticas de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA, en inglés), dijo a Efe que en el Supremo “tenemos más oportunidad para ganar”.



Por su parte, Anabela Bastida, directora de COFEM, informó hoy que esa organización entregó más de 10.000 peticiones para que se implementen las medidas ejecutivas de Obama, y continuará movilizándose por “una solución permanente, una reforma migratoria”, afirmó.