Supremo fallará sobre DAPA y DACA en junio

El Tribunal Supremo decidió que revisará la legalidad del plan ejecutivo del presidente Barack Obama para suspender temporalmente la deportación de unos cinco millones de inmigrantes indocumentados, con lo que el fallo se espera para junio, en la recta final de la campaña electoral.



Tras cerrar la semana pasada sus deliberaciones al respecto sin una decisión, el máximo tribunal del país anunció su intención de estudiar la apelación presentada por el Gobierno de Obama para poder aplicar sus medidas migratorias, que debían haber entrado en vigor el año pasado.



Esas medidas, anunciadas por Obama en noviembre de 2014, fueron bloqueadas en febrero pasado a raíz de una demanda presentada por un total de 26 estados, en su mayoría gobernados por republicanos, liderados por Texas y que argumentan que el plan migratorio excede la autoridad que la Constitución otorga al presidente.



Se espera que los jueces del Supremo escuchen los argumentos del caso en abril para adoptar un fallo hacia finales de junio, apenas un mes antes de las convenciones demócrata y republicana para seleccionar a los candidatos presidenciales de cara a las elecciones de noviembre.



El asunto de la inmigración, y en particular las medidas ejecutivas de Obama, está siendo muy debatido en esta campaña electoral.
La mayoría de los precandidatos republicanos a la Casa Blanca se opone a esas medidas de Obama para beneficiar a los indocumentados, mientras que los aspirantes demócratas prometen ir incluso más lejos que el presidente para reformar el sistema migratorio.



El plan migratorio presentado por Obama en noviembre de 2014 consiste en la ampliación de un programa ejecutivo de 2012 conocido como Acción Diferida (DACA) y cuyo objetivo es evitar la deportación de los jóvenes “dreamers” (soñadores) que llegaron al país siendo niños acompañando a sus padres indocumentados.



La otra parte del plan es el programa de Acción Diferida para Responsabilidad de los Padres (DAPA), que busca amparar a los padres indocumentados de ciudadanos estadounidenses o con residencia permanente.



En febrero pasado, un juez federal de Texas bloqueó las medidas de Obama a raíz de la demanda presentada por 26 estados y en noviembre la Corte del Quinto Circuito de Apelaciones, con sede en Nueva Orleans, decidió mantener la suspensión.



El Gobierno de Obama, apoyado por una coalición de 15 estados favorables a las medidas migratorias, presentó entonces una apelación ante el Supremo.



Si el Supremo falla a favor del Gobierno, Obama tendrá apenas medio año para tratar de poner en marcha sus medidas migratorias, ya que su mandato concluirá en enero de 2017.

El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, no quiso especular sobre cuánto tiempo puede tomar la puesta en marcha de las medidas si el Supremo las avala, pero sí recalcó que el Gobierno tiene “mucha confianza” en los argumentos legales que presentará ante el alto tribunal.



Earnest reiteró, además, que el plan migratorio de Obama tendría un “impacto práctico y positivo” no solo para cientos de miles de familias, sino también para la economía nacional.