Agentes “roban” a indocumentados

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) denunció ante el Gobierno que autoridades migratorias fronterizas fallan en la devolución de dinero, celulares y otras pertenencias a indocumentados que van a ser deportados.



ACLU de Nuevo México recopiló 26 casos de inmigrantes que tuvieron de regresar a su país sin sus pertenencias y precisó que aunque esta situación se presenta a lo largo de la frontera sur con México, el reporte se centra en irregularidades de la Patrulla Fronteriza en el sector de El Paso, Texas.



Mariana González, una de las víctimas, relató desde México que a ninguno de los inmigrantes que viajaron con ella en 2015 en un autobús para ser deportados en la frontera en El Paso le devolvieron sus pertenencias.



“Veníamos muchos y a ninguno nos regresaron el dinero ni el celular”, expresó González, de 40 años, quien junto con una treintena de indocumentados fueron dejados en Ciudad Juárez, en México.



ACLU presentó una queja con esos 26 casos dirigida al inspector general del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), John Roth, en la que insta a investigar los 26 casos.



Según la denuncia, se trata de “violaciones” por parte de agentes de las oficinas de Inmigración y Aduanas (ICE) y de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) que además “amenazan e intimidan a las personas que tratan de recuperar sus pertenencias”.



Señaló que en muchos de estos casos estos inmigrantes son deportados a ciudades mexicanas donde no tienen conocidos, sin sus celulares, tarjetas de identificación personal, documentos, ni dinero, lo cual los expone al peligro.



Otra de las afectadas, Perla García, relató que agentes de la Patrulla Fronteriza destruyeron medicinas que necesitaba para problemas de colesterol y del hígado, mientras que María Carreño denunció que nunca le devolvieron 228 dólares en efectivo ni su certificado para votar en México.



ACLU señaló que la autoridades migratorias han fallado en el proceso de devolución, en muchos casos de dólares o pesos mexicanos que “pueden representar los salarios devengados durante meses, si no años”.



González relató que los 1.150 pesos mexicanos (65 dólares) que nunca le regresaron son el fruto del trabajo de casi dos semanas en México.



Las víctimas relataron también el robo de objetos de valor personal, como anillos de bodas, fotografías y artículos religiosos.



Según la demanda, los inmigrantes se han visto obligados en varios casos a firmar documentos, a veces sólo en inglés, en los que renuncian a sus pertenencias o autorizan su destrucción si no son reclamadas en treinta días.



ACLU lamentó que el sistema hace muchas veces imposible la recuperación de las pertenencias por parte de los inmigrantes, y en algunas de ellas, no suministran un recibo de inventario de lo recibido.