820.000 indocumentados con antecedentes deportables

Unos 820.000 indocumentados en el país tienen antecedentes criminales y pueden ser sujetos a la deportación anunciada por el presidente electo, Donald Trump, según informó el Migration Policy Institute (MPI).

La institución precisó que la cifra se basa en datos oficiales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de 2012 y que para esa fecha 300.000 de los indocumentados tenían una condena por delitos graves, mientras que otros 390.000 por delitos menores graves.

El MPI quiso aclarar la cifras después de que Trump dijera a la cadena CBS que pensaba repatriar a dos o tres millones de indocumentados criminales.

El centro de estudios migratorios además precisó que durante el Gobierno del presidente Barack Obama la prioridad ha sido precisamente deportar a indocumentados criminales, repatriaciones que pasaron del 31 % en el año fiscal 2008 (del 1 de octubre al 30 de septiembre) al 59 % en el año fiscal 2015.

“Lo que vamos a hacer es conseguir que la gente que es criminal y tiene antecedentes penales, pandilleros, traficantes de drogas, tenemos una gran cantidad de estas personas, probablemente dos millones, podría ser incluso tres millones, estamos sacándolos de nuestro país o los vamos a encarcelar. Pero los vamos a sacar del país, están aquí ilegalmente”, aseguró Trump a CBS.

La organización migratoria señaló además que hay otro grupo de más de un millón (1.080.000) de inmigrantes que pueden ser deportados ya que tienen algún récord criminal, pero que están de forma legal en el país, ya sea con visas temporales o con la tarjeta de residencia conocida como “green card”.

Los datos de “población extranjera criminal”, como la llama el DHS, fueron calculados por MPI basado en un total de 11 millones de indocumentados que viven en el país.

Ciudades defienden santuario

Grandes ciudades del país se han lanzado a prometer que protegerán sus “santuarios” para indocumentados ante la amenaza de deportaciones masivas anunciadas por el presidente electo, Donald Trump, a pesar de la posibilidad de perder millonarios fondos federales.

Los gobiernos locales de Los Ángeles y San Francisco (California), Chicago (Illinois), Nueva York, Seattle (Washington), Portland (Oregon), Providence (Rhode Island) y la capital del país, Washington DC, entre otras, fueron los primeros que salieron a defender a los indocumentados.

“Los valores, leyes y políticas de Washington no cambiaron el día de las elecciones. Celebramos nuestra diversidad y respetamos a todos los residentes de DC sin importar su estatus migratorio”, aseguró la alcaldesa de Washington DC, Muriel Bowser, al defender estas zonas de protección de indocumentados.

Trump basó su campaña en una fuerte retórica migratoria que incluye deportaciones masivas, la construcción de un muro en la frontera con México y amenazas de recortes federales a las llamadas “ciudades santuarios”, si persisten en estas políticas.

El magnate inmobiliario señaló durante la campaña electoral que retirará los fondos federales a las ciudades y condados de todo el país que no persigan activamente a los inmigrantes indocumentados y no los entreguen a las autoridades federales de inmigración.

“Nosotros no vamos a sacrificar a ninguna de nuestra gente”, aseguró Jorge Elorza, alcalde de Providence, al señalar que buscan evitar deportaciones “injustas” de inmigrantes que hayan cometido “leves infracciones civiles”.

Grupos pro-inmigrantes nacionales temen que algunos indocumentados pueden enfrentar deportaciones por infracciones de tránsito o por haber regresado al país tras una deportación, y señalaron que desmantelar las “ciudades santuario” es un retroceso en la confianza entre los indocumentados y las policías locales.

La alcaldesa de Washington dijo que las “ciudades santuario” contribuyen a que los vecindarios sean más seguros y a que los residentes “no tengan miedo de pedir ayuda a nuestra alcaldía”.

En los últimos cinco años unas 320 jurisdicciones, entre ellas los estados de California y Connecticut, aprobaron leyes que impiden a las policías locales participar en actividades federales de inmigración que son “voluntarias”.

Una de ellas, la más polémica, son las “órdenes de detención” solicitadas por la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), que buscan mantener detenido a un indocumentado por más tiempo para dar una oportunidad de decidir su posible deportación.

Estas órdenes, que buscan una detención de indocumentados más allá de 48 horas, fueron consideradas inconstitucionales por carecer del visto bueno de un juez federal.

Ciudades santuario como Nueva York y Los Ángeles condicionan la retención de algún indocumentado a una orden de un juez federal de inmigración, no simplemente la orden de ICE.