Siguen deportando a más “gente común” que criminales

Aunque el Gobierno insiste en que la prioridad a la hora de deportar son indocumentados con antecedentes criminales graves, expertos aseguran que se repatría a más “gente común” que delincuentes.

“El gobierno no tiene la habilidad -según dicen- de deportar 10 u 11 millones de indocumentados de los Estados Unidos, luego debe haber prioridades”, comentó el abogado Nelson Castillo, especialista en inmigración.

Debido a que no hay recursos suficientes para una deportación en masa, los procesos de deportación se deberían realizar siguiendo prioridades.

“Primero los (casos) más graves y por último se analizará caso por caso a las personas que han estado mucho tiempo y tienen raíces aquí y quizá su principal problema sea haber trabajado siendo indocumentados”, agregó Castillo.

Sin embargo y no obstante las directivas establecidas por el presidente Barack Obama, las cifras de deportación durante sus dos períodos de mandato muestran una realidad contraria.

“A pesar de reclamar que se centra en la deportación de los extranjeros criminales bajo el lema ‘delincuentes, no familias’, ICE está deportando menos criminales”, afirmó en un comunicado Jessica Vaughan, directora de Estudios de Políticas del conservador Centro de Estudios de Inmigración (CIS).

Obama anunció en noviembre de 2014 una revisión de las prioridades para que se deportase a criminales y no personas inocentes como padres de familia o menores.

Al analizar las cifras oficiales de 2015, las más recientes de un año completo disponibles a la fecha, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que, de las 333.000 personas deportadas en ese año 193.000 no eran criminales contra 140.000 que sí lo eran.

Dentro de este grupo se incluyen “amenazas a la seguridad nacional, pertenencia a banda criminal, delincuentes convictos, delincuentes agravados, individuos con penas de tres o más delitos menores”, pero, sin embargo, también a aquellos con “penas de delitos menores significativos, incluyendo el manejo bajo la influencia del alcohol o las drogas”.

También son considerados prioridad para su deportación aquellos cuyo único delito ha sido intentar entrar ilegalmente al país en más de una ocasión.

“Mientras en 2013 se llegó un punto máximo de 435.000 personas deportadas -de las cuales 237.000 no presentaron delitos graves- en 2015 la cifra de deportados se redujo en más de 100.000, aunque todavía siendo menor el número de delincuentes que el de personas comunes”, aseguró Vaughan.

No obstante, para las autoridades de Inmigración la prioridad de deportar delincuentes, pandilleros y otras personas que significan un riesgo para la seguridad de las comunidades o del país no ha cambiado.

“Esta Administración ha establecido prioridades para asegurar que los recursos del Departamento de Seguridad Nacional se centren en capturar y remover delincuentes convictos, miembros de pandillas, aquellos que han cruzado la frontera recientemente e individuos que representan una amenaza para la seguridad pública y nacional”, manifestó ICE en un comunicado.

Sin embargo, según el cálculo de Vaughan, para el periodo fiscal de 2016 ICE habrá deportado aproximadamente 59.000 delincuentes, “una disminución de más del 60 % con respecto a 2011, cuando se presentó el punto máximo de deportaciones de criminales”.

Al señalar que “bajo cada indicador ICE está haciendo cada vez menos aplicación de la ley”, Vaughan aseguró que las estadísticas actuales revelan además un deterioro alarmante en el aplicación de las leyes de inmigración”.

Para Castillo, lo más importante en este momento para los inmigrantes indocumentados del país es contar con una adecuada asesoría legal.

El jurista explicó que a un fiscal se le puede pedir “que ejerza su discreción” y no ponga en proceso deportación a un inmigrante indocumentado que no presenta delitos graves.

O, incluso, se le puede solicitar que si lo pone en proceso deportación “cierre el caso administrativamente”, para que la persona pueda seguir en el país, “ya que no está causando ningún problema”.

Además aunque un juez expida una orden de deportación -como debe hacerlo según la ley al atender el caso de una persona que no tiene un permiso legal para permanecer en el país- todavía hay opciones para no ser deportado.

“El oficial migratorio tiene la discreción fiscal de ejecutar la deportación en contra de usted o permitirle quedarse acá bajo ciertas circunstancias e incluso darle un permiso de trabajo”, enfatizó el experto en inmigración.

“La representación legal es extremadamente importante”, y por eso es tan necesario que los indocumentados “sean las mejores personas posibles y no se metan en problemas”, finalizó Castillo.