Administración de Trump ha usado la pandemia para fortalecer su política antiinmigrante

Kleibeel Marcano / Reporte Hispano

El presidente Donald Trump ha usado la pandemia para alcanzar sus objetivos políticos en materia de inmigración que hasta ahora no había podido lograr. A través de ordenes ejecutivas supuestamente basadas en la crisis generada por el COVID-19, el mandatario ha minimizado al máximo el otorgamiento de asilo, ha bloqueado la entrada de inmigrantes permanentes auspiciados por sus familiares y, restringido significativamente el ingreso de trabajadores temporales altamente calificados, afirmó  Sarah Pierce, analista del Instituto de Políticas de Migración (Migration Policy Institute), durante una teleconferencia organizada por Ethnic Media Services (EMS).

Desde el inicio de su gobierno el mandatario han implementado más de 400 cambios al sistema migratorio, desde pequeños cambios técnicos hasta grandes decisiones basadas en ordenes ejecutivas, lo que ha cambiado profundamente el sistema de inmigración de la nación, señaló la analista.

Los funcionarios del gobierno han demostrado un conocimiento profundo de las leyes de inmigración, lo que les ha permitido implementar regulaciones vigentes que no se aplicaban en la práctica. Asimismo, valerse de otras leyes, para justificar sus medidas antiinmigrantes.

Una de esta medidas es la aplicación de multas por parte de ICE de hasta $799 por día, a aquellos inmigrantes que se les haya emitido una orden de remoción y no cumplan con la misma, permaneciendo en el país, explicó Pierce. Estas multas existían en las leyes, pero raramente eran aplicadas.

Otro cambio significativo es la aplicación del concepto de “Carga Pública”, una restricción que ha existido en las leyes desde el principio del sistema de inmigración, la cual limita la entrada al país de individuos que el gobierno considere que no podrán mantenerse por si mismo y terminarán siendo una  carga para el estado. La ampliación de este concepto por la administración ha generado diferentes demandas, pero cuando comience a esforzarse afectará rotundamente el flujo de inmigrantes, especialmente mujeres, personas envejecientes, e inmigrantes de Centroamérica y México, según la experta.

“Un estudio determinó que actualmente el 69% de las personas con ‘Green Card’ (residencia permanente) tiene uno de los factores negativos que los calificaría como carga pública. Si los oficiales comienzan un proceso estricto en donde se considera todo: dominio del inglés, edad, salud, tamaño de la familia, ingreso, tipo de trabajo que realizaría, etc, se reduciría dramáticamente el número de personas que obtendrían la ‘Green Card’”.

Orden de los CDC bloque el asilo

Entre las primeras medidas tomadas por el gobierno federal al iniciarse la pandemia fue minimizar al máximo el otorgamiento de asilos en la frontera sur del país. 

El 24 de marzo, a través de una orden emanada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por su siglas en inglés), denominada “Control de Enfermedades Transmisibles; Cuarentena extranjera: suspensión de la introducción de personas a los Estados Unidos desde países o lugares extranjeros designados con fines de salud pública”,  el gobierno cerró las solicitudes de asilo en la frontera con México.

Para ello, Sarah Pierce explica que el gobierno se valió de una ley de 1944, que le da la potestad a los CDC de “restringir la entrada a personas calificadas como una amenaza a la salud pública”.

Con esta orden el gobierno logró su objetivo de desmantelar el proceso de asilo. 

Pierce aclara que algunas pocas personas aún han logrado obtener asilo, pero no existe una transparencia sobre los criterios que se están aplicando.

Restringe la entrada de inmigrantes permanentes

El 27 de abril el gobierno emitió otra proclama mediante la cual “restringe la inmigración permanente al país para proteger a los trabajadores de Estados Unidos y la economía”. Esta medida no se tomó basada en la crisis de salud, sino en la crisis económica que generó la pandemia,  explica la analista.

La medida elimina varias categorías de inmigrar al país, como la basada en nexos familiares: padres y hermanos de ciudadanos estadounidenses, esposas e hijos de residentes legales. También elimina la Lotería de Visa por Diversidad.

“Con esta proclama la administración logró alcanzar algo que trataron de hacer previamente a través del congreso y no lo lograron, como lo es terminar con la lotería de visa y reducir significativamente la inmigración a través de la familia, la migración en cadena (chain-migration)”.

Restringe trabajadores temporales calificados

La tercera medida en materia de inmigración tomada por la administración para lograr sus metas políticas durante la pandemia fue la orden ejecutiva emitida el 22 de junio en la cual restringe significativamente el ingreso de trabajadores temporales altamente calificados.

Desde el inicio de su gobierno Trump había dificultado y reforzado el escrutinio de los solicitantes de visas para trabajos especializados, como la H-1B, la más conocida de estas, la L-1, B-1, O, J-1, entre otras. Con la orden restringe la aplicación a estas visas fuera del país.

La abogada de inmigración, Kalpana Peddibhotla, especialista en tramites para trabajadores especializados, durante la teleconferencia de EMS señaló que esta medida en vez de proteger la economía la perjudica. 

“Estudio, tras estudio, ha demostrado que los inmigrantes no dañan la economía, por el contrario la hacen crecer y tienen un impacto positivo en las economías locales”.

Peddibhotla dijo que desde el 2017 el presidente con su política de “comprar de America, contrata americanos” ha hecho cada vez más difícil a las compañías auspiciar la contratación de trabajadores extranjeros especializados.

Estas medidas han afectado la innovación, el crecimiento de las patentes del país y la creación de empleos, explica la abogada.

Reducen permisos de DACA

A las medidas antiinmigrantes tomadas por el gobierno durante la pandemia se le une también la negativa de reabrir el proceso de aplicación para nuevos solicitantes de DACA, a pesar de que la Corte Suprema ratificó la legalidad del programa.

Ignacia Rodríguez, del National Immigration Law Center, considera que actualmente alrededor de 300 mil jóvenes calificarían para aplicar por primera vez al DACA, ya que desde el 2017 están cerradas las aplicaciones, y solo están aceptando renovaciones.

En un memorándum el pasado mes de julio, el Departamento de Seguridad Nacional informó su decisión de reducir de dos años a un año la validez del DACA, lo que obliga a los beneficiarios a tener que pagar cada año una cuota de $495 en gastos administrativos para la renovación.

“Sabemos que este costo administrativo ha sido un obstáculo en el pasado para muchos jóvenes. Ahora con la pandemia la situación económica es mucho más difícil. El acortar la vigencia del DACA a un año, pone en riesgo el permiso de trabajo y la protección contra la deportación de muchos de estos jóvenes que no cuentan con los recursos económicos”, advirtió Rodríguez durante la rueda de prensa de EMS.

Rodríguez señaló que actualmente organizaciones pro inmigrantes abogan en el Congreso para que en el próximo paquete de estimulo económico por la pandemia se incluya la automática renovación de la extensión del permiso de trabajo de los beneficiarios del DACA y el TPS.

Poca posibilidad de revertir los cambios

Si en las elecciones presidenciales del mes de noviembre el candidato demócrata Joe Biden se impone en las urnas electorales, la posibilidad de que se reviertan los cambios en materia de inmigración realizados por el gobierno de Trump son escasas.

Sarah Pierce explicó que si bien las medidas han sido tomadas en su gran mayoría por ordenes ejecutivas  y memorándum administrativos, lo que presumiblemente las haría fáciles de revocar, la cantidad (más de 400) y la rapidez en que se ha aprobado hace casi imposible revertirlas.

“Con la compleja realidad que enfrenta actualmente el país, con la pandemia, la crisis económica, las protestas contra la policía por los abusos raciales, Biden no tendrían el tiempo, los recursos y la voluntad política para invertir en el tema de inmigración”, dijo Pierce. “Además los demócratas no han sido muy activos ni se han mostrado interesados en el tema de inmigración y revertir los cambios. No han dado una visión de lo que consideran debería ser el sistema de inmigración. Hay una falta de voluntad política en ellos para este tema”, agregó.

Sin embargo, Pierce considera que una de las medidas fáciles y rápidas que pudiera tomar una nueva administración demócrata para enviar un mensaje de cambio de tono en materia de inmigración, es la abolición de la prohibición de viajar a EEUU, impuesta por Trump a los connacionales de más de 30 países.

Otra medida, a juicio de Ignacia Rodríguez, sería mantener la vigencia del DACA y permitir la solicitud del beneficio a nuevos aplicantes.