Comisión estudiará abuso en cárceles

Una comisión creada por la legislatura de Nueva Jersey investigará el abuso sexual y la explotación de los prisioneros, luego de un informe del Departamento de Justicia que confirmó esa situación en la única prisión de mujeres en ese estado.

La Comisión para Proteger a Prisioneros de Agresión y Mala Conducta Sexual recibió finalmente el visto bueno de la Asamblea del estado, lo que ya había hecho el Senado en mayo, señala el portal NJ.com.

El grupo estará conformado por 17 legisladores demócratas y republicanos, que serán elegidos por los departamentos de Niños y de Familias, el fiscal general del estado y el defensor público. También estarán representados los prisioneros, oficiales de custodia y activistas de derechos civiles.

Oficiales de custodia y otros miembros del personal del Departamento de Corrección han sido acusados de agresión sexual a prisioneras en la única cárcel de mujeres, y de acuerdo con declaraciones que han hecho reclusas, otros oficiales y personal administrativo son cómplices por encubrir lo que alegan ha sido un abuso rampante que ha ocurrido durante años, de acuerdo con el NJ.com.

La propuesta para crear la comisión surgió luego de que el Departamento de Justicia federal y la fiscalía general del estado dieran a conocer un informe, luego de las denuncias, que confirmó que el abuso sexual en la cárcel de mujeres Edna Mahan era “un secreto a voces”, lo que violaba la Constitución y la ley de derechos civiles.

En una audiencia en la legislatura exprisioneras denunciaron que oficiales de corrección, tanto hombres como mujeres, les agredieron sexualmente, las tocaron indebidamente y exigían favores sexuales a cambio de cosas esenciales, que incluían hasta toallas sanitarias. 

Aunque esa investigación se centró en el centro correccional para mujeres, la comisión investigará también la situación en todas las cárceles en el estado, agrega el portal de noticias.

También señala que oficiales de la Administración del gobernador Phil Murphy acusaron de los problemas a administraciones pasadas y reclamaron haber puesto en marcha algunas reformas, pero se negaron a testificar durante las audiencias públicas en las que se evaluó el proyecto que crea la comisión.