Califican a la Proposición 22 de California como la ley laboral más peligrosa del país

Kleibeel Marcano / Reporte Hispano

En las elecciones de noviembre los residentes de California decidirán si aprueban o no un proyecto de ley denominado Proposición 22, el cual regula la situación laborar de los trabajadores de empresas de reparto y transporte, que esta siendo fuertemente apoyada por empresas como Uber, Lyft, Instacart y DoorDash quienes han invertido $180 millones para promover su aprobación.  Esta proposición es calificada por la profesora Veena Dubal, de la escuela de leyes Hastings School of Law de la Universidad de California  “como la ley laboral más peligrosa en el país”.

Dubal, quien participó en la teleconferencia de prensa organizada por Ethnic Media Services, explicó que con esta proposición las compañías que se basan en programas de aplicaciones (App) intenta ser excluidas de manera permanente de las regulaciones labores de California.

“Estas compañías han invertido más de 180 millones en publicidad para hacerle creer a los electores que la proposición 22 es buena para los trabajadores y los consumidores, cuando es totalmente lo opuesto”, resaltó Dubal.

Profesora Veena Dubal, de la escuela de leyes Hastings School  of Law de la Universidad de California  

Una decisión del Corte Suprema de California en 2018 y luego una legislación estatal del 2019 obligó a las compañías como Uber y Lyft a calificar a los conductores como trabajadores con derecho a beneficios laborales y no como contratistas.

La profesora de leyes explica que con la Propuesta 22 estas compañías intentan dejar a los conductores sin derecho al salario mínimo y pago por tiempo extra. El pago que recibirían se basaría sólo por el tiempo en que estén llevando un pasajero en su vehículo. Cerca del 40% del tiempo los conductores se encuentra manejando sin pasajeros a la espera de que les asignen uno.

De aprobarse los conductores tampoco tendrían derecho a días de enfermedad, compensaciones laborales, seguro médico (solo recibirían subsidio los que trabajen más de 60 horas semanales), ni ningún tipo de seguridad laboral.

Dubal resalta que la propuesta también perjudicaría a los consumidores ya que protege a las compañías contra demandas legales por lesiones, muertes, abusos, violaciones u otros incidentes que hayan padecido los consumidores mientras usaban el servicio de transporte.

Ante la protección contra demandas, la compañías no tendrían ningún incentivo para tomar precauciones y medidas de  protección que aseguren un servicio seguro para los consumidores. 

“La gente no ha entendido que si se aprueba esta propuesta, esto no sólo se aplicaría a estas compañías, si no también a todas las compañías de reparto y transporte que usen actualmente o a futuro App. Si se aprueba, muchas compañías se reorganizarán para adaptarse a este modelo y reducir su costo laboral, lo que es muy perjudicial para los trabajadores”, destacó la profesora.

Los cambios serían permanente ya que la Propuesta 22 especifica que para hacer cualquier enmienda a la ley se requeriría una supermayoría de 7/8 de los votos de los legisladores, lo que hace prácticamente imposible cualquier cambio.

“No hay flexibilidad, son dueños de ti”

Roberto Moreno, quien maneja para Uber y Lyft desde el 2017, señaló durante la teleconferencia que estas compañías realmente no ofrecen flexibilidad ya que “penalizan” a los conductores que rechacen realizar ciertos viajes. “Si no tomas todos los pasajeros que ellos quieren, comienzan solo a enviarte los peores pasajeros con bajo ranking y te hacen manejar 10 o 15 minutos para recoger pasajeros que hacen recorridos de 5 minutos.

Roberto Moreno, quien maneja para Uber y Lyft desde el 2017

Moreno señaló que las compañías también han reducido el porcentaje de dinero que reciben por cada viaje. Antes pagaban el 50%, ahora pagan el 25%.

Como si fuera poco, afirma que las compañías muchas veces los engañan con el monto que cobran a los pasajeros.

“Uber le cobraba a los pasajeros más de lo que dicen a los conductores. Sabemos esto porque hablamos con los pasajeros. Por un viaje que Uber cobra $55 al pasajero, le dicen al conductor que cobraron $40, y sobre ese precio pagan el porcentaje”, afirmó Moreno.

Este conductor hispano considera falso de que las compañías tendrán que despedir a trabajadores de medio tiempo si no se aprueba esta Propuesta ya que entre el 20% y 30% de los conductores laboran a tiempo completo, más del 70% trabajan a medio tiempo.

Sin estos conductores de medio tiempo, que laboran principalmente a final de las tardes, noches y fines de semana, no tendrían suficiente chóferes para satisfacer la demanda. Las compañías dependen de ellos.

Mal tiempo para la “gig economy”

Los trabajos calificados dentro de  la “Gig Economy” (contratistas por hora) se han visto fuertemente afectado con la pandemia. “En algunos trabajos la demanda ha caído y además se encuentran en una posición muy vulnerable al contagio del coronavirus por trabajar a una proximidad cercana con personas extrañas”, señaló Alexandrea Ravenelle, profesora de Sociología de la Universidad de Carolina del Norte.

Alexandrea Ravenelle, profesora de Sociología de la Universidad de Carolina del Norte.

La profesora afirma que la “Gig Economy” ha resultado en un retroceso al pasado en cuanto a las condiciones laborales. Se ha incrementado la tendencia de que más compañías, con el objetivo de reducir sus gastos laborales, están adoptando este sistema obligando a los trabajadores a laborar como contratistas o freelance, sin ningún tipo de protección o beneficios laborales.

“Mucha gente comienza a laborar en esta economía como algo temporal, mientras se logran mover a un trabajo más estable, pero al pasar de los años muchos siguen allí”, afirmó Ravenelle, quien agregó que los trabajadores mayores de 40 años y los pertenecientes a grupos minoritarios tienden ha estar estancados en este sistema.

 “Sabemos que si una persona está desempleada por más de 8 meses la posibilidad de volver al mercado laboral es muy baja”.

En este sentido, la académica considera que es fundamental la intervención del gobierno para que establezca políticas de generación de empleo que logren poner a la población en trabajos estables con beneficios laborales.