Supremo desecha demanda contra intento de excluir a indocumentados del censo

Jorge A. Bañales / EFE News

El Tribunal Supremo de Justicia de Estados Unidos desechó como “prematura” una demanda contra el intento del presidente Donald Trump de excluir a los inmigrantes indocumentados de las cifras del Censo 2020 que se usarán para la distribución de representación política y fondos federales en la próxima década.

Los seis jueces conservadores, incluidos los tres designados por Trump y confirmados por la mayoría republicana en el Senado, señalaron que no está claro a cuáles inmigrantes el Gobierno excluiría, y opinaron que la demanda iniciada por más de 20 estados está “repleta de contingencias y especulación que impiden una revisión judicial”.

El 30 de noviembre, cuando el Supremo escuchó los argumentos orales de las partes, el Departamento de Justicia admitió que era “muy poco probable” que la Oficina del Censo fuese capaz de identificar y excluir a todos los inmigrantes indocumentados antes de que Trump salga de la Casa Blanca el 20 de enero.

El censo se realiza en Estados Unidos, por mandato constitucional, cada 10 años y de sobre sus resultados se distribuyen la representación de los estados en el Congreso federal y el Colegio Electoral, y miles de millones de dólares en fondos federales para educación, salud, vivienda, infraestructura y programas de asistencia social.

La Constitución estipula que el censo decenal cuente a todas las personas que viven en el país, pero Trump, en un memorando emitido en julio y por primera vez en la historia de la república, se atribuyó autoridad para excluir a los inmigrantes indocumentados cuando llegue el momento de distribuir representaciones.

Trump instruyó al secretario de Comercio, Wilbur Ross para que le presentara dos resultados del censo de este año, con uno de ellos excluyendo a los inmigrantes indocumentados. El presidente cree que algunos estados obtienen una representación mayor que la merecida debido al número de indocumentados que allí viven.

La decisión del Supremo no expresa una opinión sobre los méritos constitucionales del memorando de Trump o de las demandas, y señala que “solo determinamos que (esos méritos) no son adecuados para una adjudicación en este momento”.

Los tres jueces disidentes, Stephen Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan, escribieron que “el significado liso y llano de las leyes vigentes, décadas de práctica histórica e interpretaciones uniformes de las tres ramas del Gobierno demuestran que los extranjeros sin residencia legal no pueden se excluidos del censo decenal solo en razón de ese estatus”. 

Un estudio del Centro Pew, realizado durante el verano pasado, calculó que si se excluye a los indocumentados en la distribución de representaciones, California, Florida y Texas quedarían con un escaño menos en la Cámara de Representantes, en tanto que Minesota, Ohio y Alabama ganarían uno cada uno.

El empadronamiento de 2020 estuvo afectado por la pandemia de covid-19, que forzó cambios en los plazos para las respuestas iniciales -remitidas por la población por correo o internet- y en el desplazamiento de cientos de miles de empleados para las visitas puerta a puerta a los hogares que no hubieran enviado sus respuestas al cuestionario.

Un año antes, Trump propuso que el cuestionario incluyera una pregunta sobre la ciudadanía de las personas censadas, una medida que grupos de inmigrantes calificaron de intimidatoria ya que muchos hogares, al informar del número de residentes, deberían dar cuenta de inmigrantes indocumentados. El Tribunal Supremo invalidó esa pregunta en el cuestionario.

El informe de la Oficina del Censo sobre el empadronamiento de 2020 debería llegar a manos de Trump antes de fin de año, y dentro de la primera semana de la sesión de la nueva legislatura el presidente debe informar al Congreso la distribución para la próxima década de los 435 escaños en la Cámara de Representantes.

Si la Oficina del Censo, que ha lidiado con la pandemia y las marchas y contramarchas causadas por Trump, no puede presentar cifras precisas al presidente, la tarea de redistribuir los cargos legislativos quedará en manos de Joe Biden después que asuma la Presidencia el 20 de enero.