El gobernador Murphy afirma que N.J. repondrá los fondos para trabajadores inmigrantes excluidos

Por Sophie Nieto-Muñoz  / www.newjerseymonitor.com

La nueva financiación se produce después de que los funcionarios redirigiesen $34 millones para gastos estatales.

El gobernador Phil Murphy anunció el jueves que repondrá el fondo de $40 millones creado para los trabajadores que fueron excluidos de la ayuda de alivio de COVID-19, una medida que se produce una semana después de que el estado anunciara que el 85% del dinero del fondo había sido redirigido a gastos de nómina estatal.

Los activistas pro-inmigrantes celebraron la noticia de los fondos adicionales para los 460,000 inmigrantes indocumentados del estado, y la extensión de la fecha límite para que soliciten la ayuda, pero siguen siendo críticos con el manejo del fondo por parte de la administración. Una extensión de cuatro semanas y cambios menores en el proceso de solicitud no serán suficientes para ayudar a una población marginada que en gran medida no ha recibido ni un centavo en ayuda federal o estatal directa, dijeron.

Los activistas también creen que se culpa a los inmigrantes por lo que creen que son los fracasos de la administración.

“La administración de Murphy y el Departamento de Servicios Humanos tienen la responsabilidad de hacer que este fondo sea accesible para la comunidad. No es responsabilidad de esta comunidad ni culpa de las personas que viven en la comunidad. Si no vemos más personas solicitando y siendo aprobadas, entonces mi interpretación es que nada ha cambiado”, dijo Jorge Torres de la Red Nacional de Organización de Jornaleros.

Murphy anunció la reposición de los fondos y la extensión de un mes para aplicar a este dinero en la emisora de radio WNYC el jueves, pocos días antes de la fecha límite establecida inicialmente para solicitar la ayuda.

El Fondo de Excluidos de Nueva Jersey se lanzó a fines de octubre, después de 18 meses de protestas de inmigrantes y activistas. Este fondo destinó $40 millones para residentes excluidos de las ayudas federales y estatales para el alivio de la pandemia, como cheques de estímulo y beneficios de desempleo, beneficiando en gran medida a la comunidad indocumentada, residentes recién salidos de las cárceles y personas sin hogar.

El fondo se financió  con dinero federal de la Ley CARES, que vino con requisitos y plazos estrictos. Pero los fondos de la Ley CARES vencieron el 31 de diciembre, lo que obligaba al estado a devolver el dinero al gobierno federal o reasignarlo a otros gastos estatales, como pago de la nómina y tarifas departamentales.

En diciembre, el estado anunció una nueva fecha límite para la solicitud de la ayuda hasta el 31 de enero y $10 millones más para “extender… la operación” del fondo.

Después del anuncio de Murphy, el Departamento de Servicios Humanos confirmó que agregará hasta $24 millones al fondo, utilizando dinero del Plan Federal de Rescate Estadounidense (ARP, por sus siglas en inglés). Las reglas para usar el dinero de este Plan permiten a los residentes de Nueva Jersey con ingresos familiares de $55,000 o menos y que no recibieron ayuda económica durante la pandemia, presentar una solicitud “sin proporcionar documentación adicional que demuestre los impactos relacionados con COVID”, según un comunicado del DHS.

Los inmigrantes que habían solicitado ayuda del fondo informaron problemas con la cantidad y el tipo de documentos que se les pidió que proporcionaran para la primera ronda de ayuda. Muchos se enfermaron en los primeros días de la pandemia y no tienen un resultado positivo en la prueba que lo demuestre. Otros residentes indocumentados tienen miedo de pedirles a los propietarios de las viviendas donde residen o empleadores una carta que detalle el impacto financiero que COVID tuvo en sus familias, lo que se requiere de algunos solicitantes durante la ronda de solicitud inicial.

“Ahora va a ser mucho más fácil para que el dinero llegue a la calle, a la gente que lo necesita”, dijo Murphy en WNYC. “Estas personas claramente están desesperadas y no nos vamos a recuperar de esto, ya sea del virus o económicamente, hasta que todos nos recuperemos”.

El monto del beneficio seguirá siendo el mismo: un pago único de $2,000 por persona y hasta $4,000 por hogar. El departamento también revisará las solicitudes previamente denegadas o vencidas para asegurarse de que esos solicitantes conozcan los nuevos criterios y vuelvan a aplicar a la ayuda.

El nuevo desembolso de dinero se destinará principalmente a beneficios directos, dijo Eva Loayza-McBride, vocera del DHS. Alrededor del 2,5 % se destinará a costos administrativos, como divulgación y asistencia con la solicitud.

La nueva fecha límite será el 28 de febrero y las solicitudes están disponibles en línea. Se instan a las personas a presentar su solicitud incluso si no tienen todos los documentos requeridos.

No está claro qué sucederá con el dinero si no se reclama antes de fines de febrero, o si se extenderá la nueva fecha límite.

“Este anuncio significa que más personas necesitadas tienen más tiempo para presentar una solicitud, y las nuevas reglas simplificarán el proceso de solicitud al no tener que proporcionar documentación difícil para demostrar un impacto específico de COVID. La administración y nuestro departamento han hecho y continúan haciendo todo lo posible para brindar asistencia a los habitantes de Nueva Jersey que lo necesitan”, dijo Loayza-McBride.

Amy Torres, directora de New Jersey Alliance for Immigrant Justice, dijo que ve la nueva fecha límite como una señal para que el estado demuestre que quiere ayudar a las comunidades de inmigrantes, y agregó que espera que los funcionarios se esfuercen más para llegar a más personas que son elegibles para presentar una solicitud.

“Esto definitivamente es un testimonio de la organización de la comunidad inmigrante, pero no creo que se sientan escuchados por la falta de respeto que sienten las personas debido a cuánto se ha jugado con este fondo”, dijo Torres, quien no es pariente de Jorge. “La manera de cómo se cuida a los inmigrantes en este estado no se aborda realmente con un anuncio nocturno”.

La comunidad inmigrante y varias organizaciones protestaron masivamente después de que la oficina del gobernador informara a mediados de enero que $34 millones del fondo se reasignaron a otros gastos estatales debido a la fecha límite federal del 31 de diciembre para usar el dinero de la Ley CARES. Aproximadamente $ 6 millones habían sido reclamados por 2.700 solicitantes antes de que se redistribuyera el dinero.

Los partidarios del fondo dicen que el estado causó confusión al cambiar las fechas límite y cambiar la cantidad de dinero que afirma que está en el fondo.

Cuando anunciaron $ 10 millones adicionales en dinero ARP en diciembre, muchos defensores creyeron que eso llevó el fondo a un total de $ 50 millones.

Los funcionarios estatales aclararon el viernes que el fondo nunca tuvo la intención de superar los $40 millones: los $10 millones se agregaron al fondo con la expectativa de que reemplazaría el dinero que tendría que reasignarse antes del 31 de diciembre. Entonces, los nuevos $24 millones, más los $6 millones ya pagados, más los $10 millones asignados en diciembre devolverán el fondo a los $40 millones originales, dijo un funcionario estatal.

Jorge Torres dijo que la cabeza le da vueltas cuando trata de recordar qué dinero salió de qué fondo y cuándo se anunció. Es la razón exacta, dijo, del porque la comunidad indocumentada tiene poca confianza en la administración y, a su vez, explica por qué algunos residentes no están solicitando. Si bien el fondo estaba destinado a ayudar a 30,000 familias, solo 11,800 personas habían solicitado la ayuda a la fecha del 19 de enero. De ellas, 531 fueron denegadas, otras 1,500 tuvieron sus solicitudes incompletas y las 7,100 solicitudes restantes están pendientes de revisión.

“Cuando juegan con nuestra comunidad de esta manera, cuando sacan dinero y lo ponen y agregan más y lo sacan, por supuesto que hay miedo. Estamos repensando cómo vamos a motivar a más trabajadores para que presenten su solicitud”, dijo Torres.

Los activistas también han señalado reiteradamente que $ 40 millones no son suficientes para llegar a los casi medio millón de residentes indocumentados del Estado Jardín, muchos de los cuales laboraron en trabajos esenciales durante la pandemia sin pago por riesgos, o tuvieron que dejar sus trabajos debido a problemas de salud o cuidado infantil.

Los activistas continúan solicitando a la Legislatura estatal y a Murphy que agreguen mil millones de dólares al fondo. Pero Murphy tiene límites sobre cuánto puede asignar: todo lo que supere los $10 millones en dólares del Plan de Rescate Estadounidense debe ser aprobado por el Comité Conjunto de Supervisión del Presupuesto de la legislatura.

Gloria Guerrero, miembro del Centro de Trabajadores de Lavandería, dijo que el fondo es especialmente importante en tiempos de alta inflación y una economía difícil.

“La devolución de este fondo representa un poco de alivio y esperanza para nuestra comunidad que no tuvo acceso a los cheques de estímulo económico, ni al seguro de desempleo, pero que con su trabajo aporta miles de millones de dólares en impuestos para mantener la economía del estado”, señaló, y agregó que la comunidad fue “golpeada por una pandemia que no solo los enfermó, sino que también los excluyó”.

Para leer la nota original en inglés haga clic en el link de abajo:

Murphy says N.J. will replenish fund for immigrant workers