La corte reafirma la directiva que limita el intercambio de información con ICE

Por Sophie Nieto-Muñoz / www.newjerseymonitor.com

Un panel de apelaciones del Tribunal Superior de Nueva Jersey ratificó el miércoles la Directiva de Fideicomiso de Inmigrantes, una orden del 2018 la cual limita la información que los departamentos de policía local pueden compartir con las autoridades federales de inmigración, y que fue impugnada por el alguacil del condado de Cape May, Robert Nolan.

La decisión del tribunal de 35 páginas es la segunda en los últimos meses que esta confirma la ley. Nolan también había impugnado la directiva en la corte federal y perdió el fallo de la corte de apelaciones en agosto, una decisión que calificó de “vergonzosa”.

La directiva fue emitida por el entonces fiscal general del Estado, Gurbir Grewal durante el primer término del gobernador Phil Murphy como parte del compromiso de la administración de ayudar a la comunidad de inmigrantes indocumentados del estado. El alguacil Nolan, republicano, afirma que Grewal violó la autoridad superior del gobierno federal en asuntos de inmigración.

El condado de Cape May fue uno de los tres condados del estado que firmaron el llamado acuerdo de la Sección 287(g) con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU., que permitió a las fuerzas del orden del condado actuar como agentes de inmigración en las cárceles. La directiva de Grewal obligó a los alguaciles de los condados de Cape May, Monmouth y Salem a detener este tipo de cooperación con ICE, que habían establecido una década antes.

Nolan y la Junta de Comisionados del Condado de Ocean argumentaron en el tribunal que la directiva equivale a una norma administrativa que debería haberse creado de acuerdo con los procedimientos de elaboración de normas.

El tribunal dijo en la decisión del miércoles que debido a que la orden se emitió a todas las agencias, se incluye en la comunicación dentro de la agencia y, por lo tanto, está exenta del proceso de elaboración de normas que generalmente se requiere.

Los jueces apoyaron el argumento de Grewal de que su oficina puede tomar decisiones sobre cómo asignar mejor los limitados recursos.

“Al emitir la directiva, el fiscal general ha optado por garantizar que los recursos limitados de las fuerzas del orden público estatales, del condado y policías locales se dirijan a hacer cumplir las leyes penales de este estado en lugar de las leyes federales de inmigración, ‘excepto en circunstancias estrictamente definidas’ o cuando ‘están obligado a hacerlo por ley’”, dice la decisión del tribunal.

Los inmigrantes indocumentados acusados ​​de ciertos delitos aún pueden ser entregados a los agentes de ICE según la directiva, pero solo si ICE recoge a los detenidos el día ñeque estas personas salen de la cárcel. Cualquier entidad estatal que busque trabajar con agencias federales de inmigración debe proporcionar documentación a la oficina del fiscal general.

Aunque Grewal renunció a su cargo para convertirse en director de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU., el fiscal general interino Andrew Bruck calificó la directiva como un paso importante para fomentar la confianza en las comunidades marginadas.

Un portavoz de la Oficina del Fiscal General se negó a comentar la decisión del tribubal y agregó que la “decisión habla por sí sola”.

La Oficina del Sheriff de Cape May no respondió a una llamada en busca de comentarios.

En el momento en que se anunció la directiva, Grewal la calificó como una iniciativa “a favor de los inmigrantes y a favor de la aplicación de la ley” destinada a restaurar la confianza entre las comunidades de inmigrantes y la policía local.

Las organizaciones de defensa de los inmigrantes han argumentado que sin esta directiva la comunidad indocumentada del estado temería que se cuestionara su estatus si hablaran con la policía sobre asuntos criminales locales. Nueva Jersey es el hogar de unos 460.000 inmigrantes indocumentados.

El asambleísta Raj Mukherji (D-Hudson) presentó un proyecto de ley que busca convertir la directiva en ley en la última sesión legislativa, pero el proyecto de ley no se sometió a votación antes de que concluyera el periodo legislativo. 

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