Demandan a arrendadores de Newark y Jersey City por acusaciones de discriminación en la vivienda

Por Dana DiFilippo / www.newjerseymonitor.com

Una organización de defensa de los derechos de los inquilinos ha demandado a 26 propietarios y administradoras en Newark y Jersey City, alegando que se niegan ilegalmente a alquilar apartamentos a personas que usan vales subsidiados por el gobierno para pagar el alquiler.

The Housing Rights Initiative, una organización sin fines de lucro con sede en la ciudad de Nueva York, presentó una demanda en el Tribunal Superior estatal para pedirle a un juez que declare que los propietarios, las administradoras y las empresas que los emplean violan la Ley contra la Discriminación de Nueva Jersey. Esa ley prohíbe la discriminación basada en la fuente de ingresos.

El grupo comenzó a investigar la discriminación por vales de vivienda en el área metropolitana de Nueva York en 2017 después de recibir quejas de posibles inquilinos, dijo el fundador y director ejecutivo del grupo, Aaron Carr, a New Jersey Monitor.

Los “Civil rights testers” que se hacían pasar por inquilinos buscando apartamentos pasaron meses llamando a las administradoras y propietarios del área para preguntar sobre el alquiler de propiedades, dejando hasta el final de la llamada sus preguntas sobre el uso de los vales financiados con fondos federales para pagar la renta, afirmó Carr. Por ley, todas las propiedades de alquiler en Nueva Jersey, con algunas excepciones, deben ser accesibles para las personas con vales.

Pero todos los acusados nombrados en la demanda rechazaron a los “Civil rights testers” encubiertos, ofreciendo excusas que incluyen que ya habían “alcanzado el límite de vales”, no aceptan vales “porque es mucho papeleo” o que el dueño de la propiedad está ” buscando un inquilino tradicional”, reseña la denuncia.

“Estos propietarios, estos administradores y esta industria de bienes raíces en realidad, innegablemente e inequívocamente violaron la ley”, destacó Carr.

El grupo de Carr tiene una demanda similar en curso en Nueva York y también presentó una demanda federal en 2021.

Más de 2 millones de familias reciben los vales bajo un programa del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE.UU., conocido como Sección 8, que tiene como objetivo eliminar las barreras que impiden que las familias de bajos ingresos alquilen fuera de las áreas de pobreza concentrada.

En Nueva Jersey, el gobierno federal financia vales de vivienda para 78,799 hogares, señaló la vocera del departamento, Olga Alvarez. El Departamento de Asuntos Comunitarios del estado administra más de 25,000 de ellos, cubriendo más de $265 millones en pagos de alquiler, mientras que las autoridades locales de vivienda distribuyen el resto.

Según el programa, el beneficiario del vale generalmente paga el 30% de sus ingresos en alquiler y el gobierno paga el resto, hasta un máximo establecido.

Pero tantos propietarios rechazan a estos solicitantes que algunos vales nunca se usan, lo que impide que las familias se muden a vecindarios integrados con mejores escuelas, transporte y otras comodidades, según la denuncia.

Eso empeora la segregación de viviendas al atrapar a los residentes de bajos ingresos en refugios para personas sin hogar, viviendas deficientes y vecindarios de alta pobreza que están tratando de abandonar, destaca la denuncia.

Eso tiene un efecto dominó en toda la sociedad, considera Carr.

“Es importante que el público comprenda que, independientemente de lo que piense sobre estos programas, esto lo afecta a usted como contribuyente”, dijo. “Cuando las familias no pueden usar sus vales de vivienda debido a discriminación ilegal, aumentan los costos de refugio para personas sin hogar, aumentan los costos de atención médica, aumentan los costos judiciales, aumentan los costos de aplicación de la ley, aumentan los costos de cuidado de crianza, aumentan los costos de desempleo, aumentan todos los costos”.

La discriminación de personas con vales ha sido una ofensa tan generalizada, pero sin control, que muchos propietarios en Nueva Jersey rechazan alegremente a dichos solicitantes sin temor a ser castigados, según una investigación de 2021 realizada por Asbury Park Press. Un estudio de 2018 del Urban Institute encontró que el 31% de los propietarios en Newark se negaron a aceptar vales de vivienda.

El antídoto es “la aplicación de la ley de vivienda robusta y sistemática”, considera Carr.

“La discriminación en la vivienda rara vez es un incidente aislado”, dijo. “Es parte de un problema de toda la industria. Y los problemas de toda la industria requieren soluciones de toda la industria”.

La división de derechos civiles de la Oficina del Fiscal General del estado supervisa los casos de discriminación y tiene la tarea de hacer cumplir la ley. Carr afirmó que su grupo está “en contacto muy cercano con ellos”.

Esa oficina se negó a decir si actuará de alguna manera contra los propietarios identificados como infractores de la ley por el grupo de Carr.

Tara Oliver, una vocera de la oficina, señaló que las leyes de Nueva Jersey brindan fuertes protecciones contra la discriminación en la vivienda.

“Es intolerable socavar la capacidad de los habitantes de Nueva Jersey de bajos ingresos para asegurarse una vivienda adecuada”, dijo Oliver en un correo electrónico.

La oficina se negó a responder preguntas sobre cuántas quejas de discriminación en la vivienda recibe la división, cuántas resultan en enjuiciamiento y sanciones, y si evaluará el cumplimiento para desalentar la discriminación, como lo hizo la Iniciativa de Derechos de Vivienda con su investigación.

La división ha actuado al menos una vez este año sobre el tema. Anunció en febrero que ocho propietarios en los condados de Atlantic, Bergen, Essex, Hunterdon, Somerset, Sussex y Union habían rechazado ilegalmente a posibles inquilinos que planeaban usar vales para pagar el alquiler.

Dos de esos casos resultaron en decretos de consentimiento que requerían que los proveedores de viviendas cumplieran con la ley, recibieran capacitación contra la discriminación y pagaran una compensación a la división y a los inquilinos para resolver los reclamos.

Carr señaló que su grupo presentó su demanda con varios objetivos en mente.

Esperan que un juez requiera que los propietarios reserven una cierta cantidad de unidades para los poseedores de vales e informen a su grupo cuántos poseedores de vales solicitan apartamentos, y si fueron aceptados, dijo Carr. También esperan que la división de derechos civiles u otros legisladores estatales establezcan un “monitor de cumplimiento” que evalúe de manera rutinaria a los propietarios y otros profesionales de bienes raíces para garantizar el cumplimiento continuo de la ley.

Sobre todo, agregó Carr, “estamos tratando de que las empresas de bienes raíces abandonen sus prácticas discriminatorias y sigan la ley”.