Juez nombrado por Biden  dará su veredicto antes del 31 de agosto  sobre el cierre de cárcel de inmigrantes de Elizabeth 

Juan Regalado se descubrió la espalda y mostró lo que el juez pedía en la corte federal, en el caso CoreCivic vs New Jersey: pruebas de los maltratos en el centro de detención de Elizabeth. Pero lo hizo fuera del tribunal, en medio de la protesta de decenas de activistas, dentro no le estaba permitido.

Seis meses y 25 días en una cama que le produjo una infección en la piel, en la espalda tenía manchas que aún no desaparecen, como prueba de su paso por la prisión de Elizabeth.

“No me daban comida, me ponían a trabajar por un dólar (la hora), no me daban frazadas para abrigarme, no me permitían hacer llamadas para comunicarme con mi familia. No tenía derechos.” dijo Regalado “¿Porque estoy aquí?. Porque demostré que tenía derecho a quedarme aquí tanto como ellos. Y creo que deben cerrar este centro de detención porque hay muchas violaciones para uno como latinos”

Si esto es poco, también se han documentado abusos y muertes.

A Regalado, y a los manifestantes, les llevó una hora llegar el tribunal de Trenton. A Yanet Candelario, que también estuvo presa en la misma facilidad le llevó 8 horas recorrer 3,381 kilómetros, desde California, para llegar al tribunal.

Candelario estuvo presa allí por dos años y medio, y se llenó de estupor ante lo que trascendió de la vista judicial en la corte.

“Acabo de escuchar que el juez dijo que sólo hubo dos muertes; porque no le dijo eso a la madre del que murió como si la vida de una persona no valiera nada,” expresó.

Los dos muertos pesan. Ambos fallecidos, sin duda alguna, en el Centro de Detención de Elizabeth, son parte de lo que no se quiere ver. Ellos son: Víctor Ramírez Reyes, ecuatoriano, fallecido de un ataque al corazón en el 2011 y Boubacar Bah, de Guinea, cuyo deceso ocurrió tras fractura en el cráneo y una hemorragia cerebral, en el 2007.

Durante la audiencia en la acogedora sala 4E del Clarkson Fisher Federal Building and the Unites Sattes Courthourse, el juez federal Robert Kirsch, nombrado en mayo último por el presidente Joe Biden, se mostró ansioso por primero, aclarar que su juzgado no ve casos constitucionales, y segundo que el tema de inmigración es potestad del gobierno federal y tercero que no hay visible una violación de parte de CorecCivic.

El tema es crucial. El gobierno de Biden ha dicho que se opone al cierre del centro de detención de Elizabeth, en manos de la empresa CoreCivic, porque es un tema federal y crearía caos en el sistema de inmigración. En tanto que el estado quiere simplemente cerrar el centro a la finalización del contrato, el 31 de agosto, para dicha cárcel, en virtud a que el estado ha decretado el cierre de todos los centros en manos privadas, pero no impide que el gobierno federal edifique o adecue su propio centro de detención.

En buena parte el abogado de CoreCivic, con voz meliflua y una intervención rápida, estuvo pintado, el protagonismo lo tuvieron el defensor de la administración Biden y del estado de New Jersey, Jeremy Feingenbaum, una vez fuera de la sala  aplaudido por los activistas, quien declinó dar opiniones a la prensa, en inglés o español.

El juez Kirsch dijo a los presentes que tomará una decisión sobre el caso antes del 31 de agosto.

Empero, al término de la audiencia, las organizaciones de base y defensoras de los inmigrantes, unas 19 fueron listadas, no estuvieron de acuerdo con la postura mostrada por el juez y creen que este podría beneficiar a la postura de quien lo nombró, la Administración Biden.

“Esperamos, en el menor de los casos, les de unos 60 días más de operación a CoreCivic, y en el otro que desestime la demanda del estado de New Jersey, y el gobierno federal proceda a firmar un nuevo contrato, de todas maneras nos preparamos para esperar la apelación y seguir las protestas en las calles,” dijo uno de los activistas de Cosecha.