La municipalidad también debe ir a corte dicen desalojados en Plainfield

Nelly Torres, hondureña, con cuatro hijos, desalojada del 709 Kensington Ave, en Plainfield, cree que los dueños de los edificios y, también la municipalidad de la ciudad deben ir a corte, en medio de demandas de los desalojados en agosto del año pasado.

Torres pagaba una renta de 1,750 por un departamento de dos cuartos, ahora, tiene que pagar 2,750 por el mismo espacio, luego de haber sido desalojada por la ciudad, solo con 24 horas de anticipación, con otras 100 familias, y ahora pide que la municipalidad también sea llevada a corte.

“Ustedes saben que todo lo que hemos pasado nosotros no ha sido fácil. Hasta ahora nosotros recién recibimos un poco de ayuda que (proviene del) estado. Lo que nosotros hemos pasado fue bien duro. Ha habido negligencia en la ciudad para con nosotros,” afirmó.

Además no le devolvieron el mes de depósito ni el mes de garantía que pagó cuando ingresó a vivir en el departamento, agregó.

Profesores y estudiantes de Seton Hall Law School arribaron a Plainfield para recabar más información del desalojo de más de 100 familias que disputan en corte. Voluntarios de Seton Hill Law School visitaron edificios donde se produjeron desalojos en Plainfield.

El martes último un grupo de estudiantes voluntarios de Seton Hall University School of Law, con su profesor Andrew Darcy al frente, llegaron a esta ciudad para recabar información de primera mano sobre los desalojos y visitaron todos los edificios que aún se encuentran abandonados, y tapiados, y para hablar con las familias afectadas.

“Es horrible lo que está pasando con los residentes de Plainfield, son cientos de familias, que vivían en terribles condiciones en estos edificios, la municipalidad y los landlord tienen responsabilidades que no pueden esquivar,” afirmó Darcy.

Sostuvo que están trabajando para determinar cuáles son las opciones legales que tienen los ex-habitantes de estos edificios que han vivido mucho tiempo en condiciones terribles. 

Consideró que hay compensaciones económicas que están en juego como la devolución de los depósitos de seguridad, las rentas pagadas por vivir en edificios de malas condiciones y daños económicos y emocionales derivados del desalojo de estos residentes.

“La penalidad (económica) dependerá de la determinación del juez,” finalizó.

Aún no hay una decisión tomada sobre una demanda a la municipalidad, en esta etapa están concentrados en los propietarios de los edificios.

Para Martha Lucía, organizadora de Vientos del Espíritu en Plainfield, un tema de fondo en este problema de la vivienda, es el control de las rentas por parte de la municipalidad.

Asume como una primera prioridad evitar que vuelvan a acudir desalojos en otros lugares de Plainfields cómo el que han pasado estas familias y alertar a los inquilinos locales de los derechos que tienen como inquilinos.

“Esperamos que las repercusiones se den en términos de reducir las desigualdades que se dan específicamente en la vivienda una parte muy sensible y vulnerada para la comunidad inmigrantes para el control de renta, y esperamos que tenga un impacto en otras ciudades del estado,” agregó.

Como se señaló en ediciones anteriores, la municipalidad de Plainfield  demandó ante la Corte Superior del Estado a los propietarios de los edificios por incumplir las normas de vivienda de la ciudad pero el juez desestimó la demanda.