Piden indulto presidencial para los indocumentados

La Casa Blanca recibe estos días una ola de peticiones para que proteja legalmente a los indocumentados, especialmente a los cientos de miles de jóvenes amparados bajo el programa Acción Diferida (DACA), antes de que Donald Trump llegue a la Presidencia el próximo 20 de enero.

La petición que busca otorgar un perdón a los más de 750.000 “soñadores” ha sido apoyada por legisladores estatales de NY, congresistas y por parte de numerosos expertos, activistas y defensores de los derechos de los inmigrantes.

El director de la Clínica de Supervisión de Inmigración de la Universidad del Sur de California (USC), Niels Frenzen, indicó que hay “argumentos plausibles que le otorgan la autoridad constitucional al presidente para indultar” a los indocumentados y alejarles del peligro que suponen las promesas electorales de Trump.

“Hacerlo podría evitar que la Administración Trump deportara a cualquiera que recibiera un indulto”, explicó sobre los once millones de indocumentados que se calcula que viven en el país.

Trump prometió durante la campaña presidencial que eliminará DACA, programa que aprobó Obama en 2012 y que permitió a los jóvenes indocumentados que llegaron al país cuando eran niños acceder a un permiso de residencia y de trabajo.

Según José Magaña Salgado, abogado de Gestiones Políticas del Centro de Recursos Legales para los Inmigrantes (ILRC), el perdón presidencial sería uno de los procesos que requiere menos tiempo y tramite para realizarse.

Desde la fundación del país, los presidentes han usado este privilegio constitucional: los perdones masivos se otorgaron a los soldados confederados en el siglo XIX y, en la década de 1970, Jimmy Carter indultó a medio millón de estadounidenses que huyeron a otros países para evitar luchar durante la Guerra de Vietnam.

“El problema es que, hasta ahora, el perdón se ha aplicado para delitos criminales y no civiles, como lo es una infracción de inmigración”, explicó Fernando Romo, abogado de inmigración.

Sin embargo, aclara que el lenguaje constitucional se refiere a “ofensas contra los Estados Unidos” y no limita explícitamente la autoridad del indulto a delitos criminales.

Según cifras del Departamento de Justicia, hay cerca de 2.000 peticiones de perdón en el escritorio del mandatario, a esta cifra se le sumaría la de los millones de indocumentados.

Aunque para el abogado y miembro de ILCR Mark Silverman la idea del perdón presidencial suena muy bien, el experto asegura que las protecciones de la Administración Obama pueden ir más allá.

El activista propone la posibilidad de otorgar un “parole” (documento de identificación especial que permite vivir y trabajar de manera legal en el país) a los indocumentados, incluidos los “soñadores”.

“Este ‘parole’ no puede ser revertido por el nuevo presidente, el problema ahora es el tiempo y la voluntad de Obama para implementar un camino como estos, pero aún tiene mucho para hacer en sus manos”, advirtió Silverman.

Otro sector de indocumentados por el que se escuchan voces de apoyo es el de los migrantes que están purgando penas federales por haber reingresado al país después de haber sido deportados.

Este grupo también calificaría para un perdón presidencial.

“Tenemos inmigrantes que están pagando una condena en cárcel solo por tratar de reunirse con su familia, no nos podemos olvidar de ellos”, advirtió Holly Cooper, profesora y directora asociada de la Clínica de Inmigración de UC Davis.

La administración tiene tan sólo dos meses para tomar acción, pero en caso de hacerlo Frenzen vaticina una auténtica tormenta política y judicial.

“Una probabilidad es que se diera una impugnación judicial por parte de la Administración Trump, que iniciaría un proceso de deportación contra un inmigrante de DACA perdonado, argumentando que el ejercicio del poder de perdón presidencial era impropio”, apuntó. “Entonces la cuestión sería decidida por los tribunales”.