Centroamericanos en alerta por TPS

El Gobierno anunció la extensión por seis meses más del Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) para más de 58.000 haitianos que huyeron de su país tras el devastador terremoto de 2010, no sin antes filtrarse a la prensa que la nueva administración estudiaba seriamente revocar este beneficio.

El temor sobre la posibilidad que el Gobierno no renueve los TPS surgió luego que se filtrara a los medios una carta en la que James McCament, director interino del Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), recomendaba no renovar el TPS que el expresidente Barack Obama creó en 2010 tras el devastador terremoto que asoló ese país.

McCament argumenta que las condiciones en Haití han mejorado lo suficiente como para poner fin a la “situación de protección temporal” para los haitianos amparados.

“Si el Gobierno dice que Haití ya superó la crisis por la emergencia de hace 7 años, qué puede decir sobre El Salvador, que obtuvo la protección por los terremotos del 2001, y los hondureños y nicaragüenses, fueron beneficiados en 1998 por el Huracán Mitch. Bajo esos argumentos lo van a suspender”, advirtió Salvador Sanabria, director del grupo de ayuda a salvadoreños El Rescate.

Según datos de USCIS, más de 350.000 centroamericanos están amparados por el TPS. A finales de 2016 había 263.282 salvadoreños protegidos hasta el 9 de marzo de 2018; 86.163 hondureños y 5.349 nicaragüenses están registrados bajo el programa, que vence el 5 de enero del próximo año.

Para el experto y asesor legal José Lagos, quien estuvo en el equipo de negociaciones entre El Salvador y la administración del expresidente George W. Bush para lograr el TPS de 2001, el futuro de la protección depende de los factores particulares de las naciones favorecidas.

La decisión sobre el amparo se debería basar en las condiciones actuales de los países, y si tienen la capacidad de recibir a sus ciudadanos después de haber sufrido una catástrofe o si aún persisten las consecuencias que llevaron a que se otorgara el beneficio migratorio, explicó.

No obstante, defensores de los derechos de los inmigrantes desconfían del Gobierno.

“Con este gobierno no se puede estar seguro de nada, se ha mostrado amenazante con los estudiantes amparados con DACA, ahora es el turno de los del TPS y después de 16 años de estar seguros ahora los salvadoreños no saben que va a pasar”, indicó Teresa Tejada, directora de la Asociación de Salvadoreños de Los Ángeles (ASOSAL)

El abogado Mark Silverman, miembro del Centro de Recursos Legales para los Inmigrantes (ILRC), coincide con la preocupación de Tejada por las “contradictorias opiniones” dentro del Gobierno sobre este tema y apuntó a la presión para lograr una extensión del TPS.

“Este es un trabajo político y se debe presionar en los estados indecisos como Florida o Virginia. Los legisladores deben advertir al Ejecutivo sobre el error de dejar indocumentados a miles de inmigrantes”, opinó.

A parte de perder la protección frente a una deportación y el permiso de trabajo, los miles de inmigrantes verían desvanecerse los aportes de retiro hechos al seguro social. “Si una persona es deportada pierde sus beneficios inmediatamente y solo los podrá recuperar si obtiene la residencia permanente”, explicó Lagos.

“En el caso de Centroamérica estamos hablando de más de 300.000 personas que han trabajado por más de 15 años y tienen sus familias y su vida aquí. Sería inhumano expulsarlos del país”, consideró Tejada.

Actualmente ciudadanos de 13 países se benefician del TPS, incluyendo Siria y Yemen. Este año expira el beneficio para 6 de ellos y en 2018 vence el de los siete restantes.