Comunidad latina recibe “devastada” el revés del Supremo al alivio migratorio

Con tristeza y enojo la comunidad latina recibió “devastada” la decisión del Tribunal Supremo que, tras un empate de sus jueces, deja en un limbo legal a casi cinco millones de inmigrantes indocumentados.

“Estamos devastados. Cinco millones de familias van a tener que sufrir lo que yo sufrí en la universidad cuando deportaron a mi familia. Hace ocho años que no puedo darle un abrazo a mi mamá”, explicó Catalina Velasquez, directora de la organización “Young People For”.

Centenares de inmigrantes aguardaron desde las cinco y media de la mañana el fallo frente al Tribunal Supremo, en Washington, con la esperanza de que aprobara el alivio migratorio, pero un empate entre los jueces resultó en la continuidad del bloqueo.

Velasquez se acogió en 2012 al programa de Acción Diferida (DACA), ordenado por Obama ese año y ampliado en noviembre de 2014, cuando el mandatario decretó las acciones ejecutivas que fueron bloqueadas en los tribunales por la acción de 26 estados liderados por Texas, en su mayoría con gobernadores republicanos.

El fallo dividido de los cuatro jueces liberales y los cuatro conservadores del alto tribunal mantuvo en vigor el bloqueo dictado por la Corte Federal de Apelaciones del Quinto Circuito, con sede en Nueva Orleans, a la que había recurrido el Gobierno tras el bloqueo judicial de las medidas.

Centenares de familias aguardaron ante las puertas del Alto Tribunal la noticia del fallo y no ocultaron su decepción y tristeza al conocerlo.

“Es inhumano, de un nivel de obstrucción que no tiene sentido. No estamos pidiendo ningún servicio, solo permiso para trabajar”, argumentó Velasquez.

La guatemalteca María de León Barrios, que lleva trece años en el país, en los que ha tenido dos hijos estadounidenses, dijo sentirse “traicionada” por la justicia.

Con “tristeza, enojo y decepción”, Barrios lamentó ante la sede del Supremo no haber “llegado al corazón de los jueces”.

También los mexicanos José Piña y Madai Ledesma, un matrimonio que lleva más de una década en EEUU y tiene una hija ciudadana estadounidense, quedó “decepcionado” y “sin palabras”.

“Perdimos la batalla pero no la guerra. Hay que seguir luchando para que no queden nuestros hijos desamparados”, afirmó Piña, ya que con las leyes actuales, él y su mujer podrían ser deportados, pero no su hija, y de haberse aprobado las medidas de Obama hubieran quedado protegidos contra la deportación.

Esa lucha se desplaza ahora al terreno electoral para las organizaciones en defensa de los derechos de los latinos, como CASA o Latino Victory, presentes en la congregación ante el Supremo.

“Los jueces tuvieron la oportunidad de estar del lado correcto de la historia, la justicia y la moral. Pero han sido cobardes y han decidido seguir jugando el juego político a los republicanos”, valoró a la organizadora de CASA Alma Couverthié.

Las organizaciones latinas explicaron que centrarán sus esfuerzos ahora en promover la naturalización de ciudadanos, que se registren para votar y que acudan a las urnas el 8 de noviembre.

Del próximo presidente dependerá la nominación del noveno juez del Tribunal Supremo que sustituya al difunto Antonin Scalia, que no ha podido ser reemplazado ya que los republicanos bloquearon al nominado por el presiente Obama.

Las organizaciones por la defensa de los hispanos dijeron esperar la nominación de un juez progresista en el Supremo y la victoria de la demócrata Hillary Clinton en las elecciones, dado la agenda antiinmigrante de su virtual rival, el republicano Donald Trump.

Además, como recordó la directora de Latino Victory, Lizet Ocampo, “aún es necesaria una reforma migratoria” del sistema al completo, más allá de estas medidas ejecutivas, algo que será tarea del siguiente presidente y del Congreso.