Supremo se muestra dividido sobre demanda contra reforma sanitaria

Los nueve jueces del Tribunal Supremo se mostraron muy divididos al escuchar los argumentos de una demanda contra los subsidios federales para comprar seguros médicos, una pieza clave de la reforma sanitaria del presidente Barack Obama.



Los magistrados escucharon primero los argumentos del representante de los demandantes, Michael Carvin, y después los del abogado del Gobierno, Donald B. Verrilli.



El fallo se espera para junio y, si el Supremo se pronuncia a favor de los demandantes, cuatro residentes del estado de Virginia, la reforma sanitaria promulgada por Obama en 2010 y su mayor logro en política nacional sufriría un duro golpe e incluso su supervivencia estaría en riesgo.



Lo que deben decidir los jueces es si son legales los subsidios que el Gobierno federal otorga a personas de bajos y medios ingresos en, al menos, 34 estados para poder comprar un seguro médico.



Los demandantes argumentan que la ley establece textualmente que esos subsidios solo pueden ofrecerse en los llamados “intercambios” de seguros ofrecidos “por cada estado”, no en los que gestiona el Gobierno federal, que son mayoría.



Si el Supremo declara que los subsidios federales no son legales, entre 7 y 8 millones de personas que actualmente los reciben los perderían y eso generaría un aumento en el precio de los seguros, lo que, en la práctica, pondría en peligro a la propia reforma sanitaria, según los expertos.



Como se esperaba, los cuatro magistrados progresistas defendieron la legalidad de los subsidios, pero para que su opinión prevalezca necesitan al menos el apoyo del juez John Roberts, presidente del alto tribunal, o del juez Anthony Kennedy.



Roberts, que redactó el fallo que en 2012 declaró constitucional la reforma sanitaria de Obama, no dejó entrever su opinión.



Pero Kennedy, que votó en 2012 contra la reforma, consideró hoy que el argumento de los demandantes plantea un “serio problema constitucional” que afecta a las relaciones entre los estados y el Gobierno federal.



A juicio de Kennedy, es preocupante entender la ley como lo hacen los demandantes, porque esa interpretación lleva a un escenario en el que los estados son prácticamente coaccionados a crear sus propios mercados de seguros para poder ofrecer subsidios.

En esa línea, el abogado Verrilli subrayó que la intención del Congreso al aprobar la ley en 2010 no fue coaccionar a los estados, sino que, al contrario, se trató de promover la “flexibilidad” para que establecieran sus propios mercados o los dejaran en manos del Gobierno federal