Se extiende frustración entre indocumentados con los tribunales

La prioridad dada por el Departamento de Justicia a los menores y familias centroamericanas que ingresaron en 2014 ha ocasionado que casi medio millón de personas vean su expediente postergado sin fecha definida, como le ocurre a Ricardo Pérez Luna desde que la Corte de Inmigración canceló su audiencia.



“Ha sido una larga espera. No es justo que después de toda esta lucha, y ahora que ya estaba a punto de lograrlo, ni siquiera me digan para cuando voy a ver al juez”, dijo Pérez, oriundo de Oaxaca, México.



El inmigrante tenía una audiencia para el pasado 28 de enero, fecha en la que supuestamente un juez le otorgaría la residencia permanente por estar casado con una salvadoreña protegida por la Ley Nacara, pero las esperanzas se desvanecieron tras la notificación de cancelación de su cita, tal como le ha ocurrido a miles de indocumentados en los últimos días.

“Lo más triste es que no hay una fecha, no se si son meses, un año, dos. No sabemos que va a pasar”, aseguró con frustración Pérez.



Para Fernando Romo, abogado experto en inmigración y que representa a Pérez, este caso es el ejemplo perfecto del daño que está causando la congestión en las 230 Cortes de Inmigración en el país.



“Solo era una formalidad, mi cliente ya había cumplido con todos los requisitos y solo necesitaba la aprobación del juez. Diez minutos, era lo que necesitábamos”, dijo.



Pérez ingresó como indocumentado a Estados Unidos en 2002 (en medio de su estancia llegó incluso a ser recluido en un centro de detención) y, tras invertir más de 22.000 dólares en gastos de representación y trámites, el mexicano esperaba por fin obtener su residencia, pero ahora podría esperar hasta el año 2019 para resolver su caso.

Lauren Alder Reid, portavoz de la Oficina Ejecutiva para la Revisión Migratoria (EOIR), ente dependiente del Departamento de Justicia federal y encargado de adjudicar los casos en los tribunales de Inmigración, afirmó que la decisión del Gobierno afecta casos “no prioritarios”.



Entre ellos el portavoz puso como ejemplos a adultos sin antecedentes penales, personas que no tienen hijos menores, no están detenidos y no han cruzado de forma ilegal la frontera recientemente.

“Son miles los afectados, no sólo los que estaban por obtener su residencia, sino también aquellos que tenían sus casos aún sin definir. En estos años podrían perder su elegibilidad”, reconoció Romo.