Maryland será laboratorio de “Dream Act”

Los votantes de Maryland, un estado en la columna demócrata, decidirán en noviembre próximo el destino de su propia versión del “Dream Act” para estudiantes indocumentados, y son precisamente los activistas estudiantiles los que, en medio de la xenofobia, lideran esa batalla.

Los llamados “Dreamers” (“Soñadores”) han venido construyendo todo un movimiento nacional desde que en 2010, por falta de consenso político, el Congreso de Estados Unidos dejase en el congelador la ley “Dream Act” para la legalización de estudiantes indocumentados.

Según Claudia Quiñones, una líder estudiantil del Comité de Jóvenes del grupo CASA de Maryland, el movimiento responde a la necesidad de informar a los jóvenes sobre el impacto de esta crisis migratoria “y ponerlos a luchar por la justicia.”

Líderes de diversas religiones y activistas estudiantiles tienen previsto congregarse a favor del “Dream Act de Maryland” en una zona céntrica de Silver Spring, en el pujante condado de Montgomery.

El próximo 30 de octubre, también organizarán una charla para educar al público sobre la medida.

La versión “lite” de Maryland, que será sometida a voto el próximo 6 de noviembre, sólo garantiza a los estudiantes indocumentados la equidad de pago en las matrículas en las universidades públicas del estado.

Pero es un beneficio considerable, si se toma en cuenta que las universidades cobran sumas exorbitantes a estudiantes extranjeros o de otros estados de la nación.

La “Pregunta 4” en la papeleta de votación explica que la medida, de ser aprobada por los votantes, beneficiará a estudiantes indocumentados si demuestran que estuvieron inscritos en secundarias de Maryland en al menos tres años, y que sus padres están al día con el pago de impuestos estatales. La ley estatal fue aprobada el año pasado por la Asamblea General de Maryland y promulgada por el gobernador Martin O’Malley, pero sus opositores lograron reunir suficientes firmas para someterla a referendo en las urnas.

Los defensores de esta ley estatal aseguran que Maryland se beneficiará a largo plazo de una población con mayores niveles de educación y destrezas laborales, mientras que sus detractores replican que la medida es una enorme carga pública y servirá de “imán” para la llegada de más inmigrantes “sin papeles”.

El influyente diario “The Baltimore Sun” ha analizado el asunto en cabeza fría y, apoyándose en cifras estatales, asegura que el beneficio de la medida supera el costo, porque “miles” de indocumentados pagan impuestos mediante el llamado “Número de Identificación del Contribuyente Individual” (ITIN, en inglés).

Ese ITIN sirve para declarar y pagar impuestos a la renta y no revela en absoluto el estatus migratorio del usuario.

Entre 2008 y 2010, cerca de 20.000 empleados que usaron ese ITIN pagaron alrededor de once millones de dólares cada año en impuestos estatales en Maryland. Una cifra parcial de 2011 señala que el pago de impuestos estatales el año pasado fue de unos doce millones de dólares.

Estos números no incluyen el pago de impuestos federales y al fondo fiduciario del Seguro Social, que fácilmente supera los miles de millones de dólares.

En 2001, recordó el diario, el entonces presidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan, calculó que los indocumentados pagaron unos 70.000 millones de dólares en impuestos anuales y a cambio recibieron unos 43.000 millones, un beneficio innegable para la economía del país.

En 2007, los indocumentados contribuyeron con una cifra superior a los 240.000 millones de dólares al fondo fiduciario del Seguro Social, una cifra que fácilmente lo salvó del abismo.

Todo esto apunta a que, al igual que en el resto del país, los estudiantes indocumentados tienen más que ganado su acceso a las universidades y, a largo plazo, su puesto en la mesa de negociaciones sobre su futuro en este país.