Puerto Rico se pronunciará sobre su destino político

Los puertorriqueños acuden a la urnas el próximo 6 de noviembre para decidir si ratifican por 4 años más al gobernador anexionista Luis Fortuño o dan paso al aspirante Alejandro García Padilla, cita en la que se pronunciarán además sobre su relación política con Estados Unidos.

Una criminalidad sin freno que en 2011 le costó la vida a más de mil personas y un desempleo del 14 por ciento parecen un obstáculo difícil de salvar para que Fortuño, el presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP) que aboga por la anexión a Estados Unidos, pueda mantenerse al mando del Ejecutivo.

Fortuño enfrenta el líder del Partido Popular Democrático (PPD), Alejandro García Padilla, un hombre de 41 años con buena imagen al que sus detractores acusan de falta de esencia y de esconder detrás de una elegante apariencia la falta de un proyecto para Puerto Rico.

El mano a mano entre el gobernador y García Padilla escenifica el enfrentamiento entre dos formaciones que se articulan en torno a proyectos políticos que buscan la anexión a Estados Unidos, en el caso del gobernante PNP, y el mantenimiento del actual “estatus quo” que abandera el PPD.

La particular situación política de la isla, que mantiene su relación con Estados Unidos bajo el epígrafe de Estado Libre Asociado, otorga plenos poderes al Congreso estadounidense sobre Puerto Rico mediante la llamada Cláusula Territorial.

El estatus colonial de la isla es causa de que el electorado divida su voto entre los partidarios de la anexión y los que quieren perpetuar el presente estatus, que aunque concede cierto grado de autonomía deja en manos de Estados Unidos los renglones de defensa, fronteras o seguridad, entre otros.

El catedrático y demógrafo Jorge Duany definió en un reciente artículo de prensa a Puerto Rico como una colonia consentida por su propia población, causa desde hace más de un siglo de la dependencia estadounidense.

Fortuño ha convocado el mismo día de la elección a gobernador otra consulta paralela, no vinculante, en la que se preguntará a los puertorriqueños sobre el estatus de la isla.

La consulta sobre el estatus incluye una pregunta en la que pide un “sí” o “no” a mantener la relación con Estados Unidos y una segunda cuestión para elegir entre tres opciones fuera de la Cláusula Territorial de la Constitución de la Constitución de Estados Unidos que perpetua el Estado Libre Asociado.

La segunda pregunta tiene como posibles elecciones la anexión, con lo que Puerto Rico se convertiría en el estado 51 del país norteamericano, la independencia y el denominado Estado Libre Asociado Soberano, entendido como una asociación libre y voluntaria.

Puerto Rico ha celebrado varias consultas sobre el estatus, en los años 1967, 1993 y 1998, aunque en todas se dio, únicamente, la posibilidad de elegir entre varias opciones, pero no se cuestionó sobre el fin del actual estatus.

En las citas de 1967 y 1993 salió elegida de forma mayoritaria la opción de mantener el “estatus quo” del Estado Libre Asociado.

El plebiscito de 1998 deparó como ganadora la opción bajo el epígrafe de “ninguna de las anteriores”, que incluían la independencia, la anexión, libre asociación y el Estado Libre Asociado.

La consulta no tiene valor jurídico alguno y los analistas locales la interpretan como una forma del actual Ejecutivo de forzar a Washington a que se implique más en la solución del asunto del estatus, aunque el Congreso estadounidense ya manifestó que no avalaba ningún referendo sobre la situación política de Puerto Rico.

La cita de noviembre llega después de la consulta del pasado 19 agosto, en la que se preguntó a la población sobre la reducción del tamaño de Cámara de Representantes y Senado.

Los puertorriqueños rechazaron ambas iniciativas en una ajustada votación que dio un vuelco a las encuestas y que fue interpretada como un anticipo de lo que puede ocurrir de cara a las generales de noviembre.