Demandan detención de inmigrantes sin derecho a libertad bajo fianza

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por su siglas en inglés) introdujo una demanda a nombre de Gargield Gayle y los cientos de inmigrantes que viven en Nueva Jersey, que pudieran estar sujetos a ser detenidos indefinidamente por las autoridades de inmigración sin derecho a libertad bajo fianza.

La demanda se introdujo luego de que Gayle, un inmigrante de Jamaica con estatus de residente legal(Green Card), y quien ha vivido en Estados Unidos durante los últimos 30 años, fuera detenido por las autoridades de inmigración con la intención de deportarlo por haber sido acusado de intentar vender drogas hace más de 17 años atrás.

Gayle, de 59 años, fue detenido en su casa hace ocho meses por agentes federales. Desde entonces el gobierno lo ha tenido tras las rejas sin posibilidad de ser liberado bajo fianza, pese a que el jamaiquino tiene fuertes vínculos familiares y comunitarios para permanecer en el país.

El inmigrante tiene dos hijas ciudadanas estadounidenses, y ha trabajado durante mucho tiempo como carpintero sindicalizado en Brooklyn, Nueva York. No ha sido declarado como un peligro para la sociedad o se ha determinado que exista el riesgo de fuga.

Por el contrario, ACLU señala que la larga estadía en el país de Gayle y los lazos familiares cercanos lo hacen un candidato ideal para un posible alivio discrecional de un juez de inmigración, lo que le permitiría mantener su estatus de residente y continuar su estancia en este país.

El jamaiquino ha sido el sustento emocional y económico de sus hijos y nietos. En su trabajo es estimado por sus empleadores y miembros del sindicato.

La demanda introducida por ACLU (Gayle vs. Napolitano) desafía la política del gobierno federal de encerrar a los inmigrantes en proceso de deportación sin posibilidad de libertad bajo fianza, aun cuando estos cuenten con fuertes argumentos para continuar viviendo en Estados Unidos.

Muchos inmigrantes son encerrados durante todo el tiempo que sea necesario para concluir sus casos de deportación, aunque no representan un peligro o riesgo de fuga.

La Detención obligatoria establecida por las autoridades de inmigración es inconstitucional, según ACLU, cuando se utiliza contra personas como Gayle, que tienen argumentos de peso para poder permanecer en el país.

“No hay ninguna razón para encarcelar a la gente por meses o incluso años enteros cuando tienen todos los incentivos para presentarse en la corte, pelear sus casos, y ganar el derecho a permanecer en los Estados Unidos con sus seres queridos. Es sobre todo un desperdicio teniendo en cuenta que los delitos que provocan la detención obligatoria son a menudo casos muy antiguos y abrumadoramente delitos no violentos y de poca importancia, como los delitos menores de posesión de drogas, hurto, o saltarse el torniquete en una estación de tren”, señala ACLU.

La organización explica que personas en detención obligatoria a menudo no cumplen con los requisitos para ser deportados, ya sea porque sus supuestos crímenes resultan no ser delitos deportables, o porque tienen derecho al alivio de inmigración que les permite permanecer en el país.

El número de inmigrantes detenidos se ha incrementado desde la aprobación de la Reforma de la Inmigración Ilegal y de Responsabilidad del Inmigrante de 1996, que exige la detención de los inmigrantes considerados deportables basado en un presunto delito.

En 2011, el Departamento de Seguridad Nacional encarceló a un récord de 429.000 inmigrantes en más de 250 instalaciones en todo el país. El costo del sistema actual, que tiene capacidad para 33.400 inmigrantes en un día cualquiera es de 164 dólares por persona por día, sumando un total de 2 mil millones de dólares anuales.