Largas detenciones por no poder pagar fianzas

Para establecer la fianza de los indocumentados detenidos, los jueces no toman en cuenta los ingresos económicos de estos inmigrantes, por lo que muchos de ellos sufren largos periodos en la cárcel al no poder pagar la suma establecida para salir en libertad condicional.



Xóchitl Hernández, una mexicana que lleva más de 25 años en Estados Unidos, tiene cinco hijos y cuidaba de sus cuatro nietos antes de ser detenida, pero no ha podido salir de la cárcel al no tener con qué pagar la fianza que le impuso el juez.



Por considerarla de alto riesgo de evasión, aunque no una amenaza para la sociedad, el juez que instruyó su caso le impuso a Hernández una fianza de 60.000 dólares.



“Cada día hay más de 100 inmigrantes detenidos que no tienen cómo pagar sus fianzas para salir en libertad condicional”, explicó Michael Kaufman, portavoz legal de la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU, en inglés), que representa a María en una demanda legal colectiva.



“Debido a que la gente permanentemente está ingresando al sistema, estamos hablando de miles de personas a lo largo del tiempo”, agregó.



ACLU denunció que cientos de inmigrantes detenidos en California pasan meses, y a veces años, sin obtener una libertad condicional por no tener el dinero para pagar las elevadas fianzas que les imponen.

“El sistema criminal que tenemos se beneficia de tener las personas encarceladas, por eso ellos establecen este tipo de fianza para que las personas continúen en detención. Eso es un negocio”, señaló Bamby Salcedo, presidente y directora ejecutiva de la Coalición Translatina.



Esta activista ha participado en varias campañas de recolección de fondos a favor de indocumentados, entre ellos a una mujer “que tenía necesidades médicas urgentes que no se las estaban atendiendo”.



“Hicimos una campaña por internet para recaudar dinero, y una serie de eventos y shows, y logramos recaudar los 10.000 dólares de la fianza en tres meses, porque era un caso urgente”, contó Salcedo.



César Matías es un hondureño que vino al país en busca de asilo, ya que al ser gay era objeto de persecuciones en su país, y que también figura en la demanda de ACLU.
En noviembre de 2012 se le fijó una fianza de 3.000 dólares que él no tiene cómo pagar hasta el momento, y en tres audiencias los magistrados han rehusado reducirla o “considerar cualquier otra alternativa”, de acuerdo al texto de la demanda colectiva.



El hondureño lleva más de cuatro años detenido en la cárcel de Santa Ana, a pesar de que cuando el gobierno federal estableció una fianza determinó que “Matías no representa una amenaza para la comunidad”, según alega ACLU.



En un comunicado el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) de EE.UU. aseguró que las fianzas se determinan en razón del riesgo de que el inmigrante no se presente a sus citas judiciales en la corte.



Según la entidad federal, se analizan varios factores como “el historial migratorio y delictivo y sus nexos con la comunidad”.



Ana, una inmigrante guatemalteca, fue detenida en 2013 y le fijaron una fianza también de 3.000 dólares. Sus familiares en EE.UU. se demoraron más de un año para lograr recoger esa suma y mientras tanto, durante su estancia en la cárcel, la joven de 26 años intentó suicidarse, según contó su hermana.



“No solo sufrimos por no poderla tener con nosotros y saber que estaba detenida, sino por pensar que en cualquier momento podría volver a intentarlo”, comentó la hermana de Ana, que prefirió no identificarse.



Agregó que aunque finalmente lograron pagar la fianza, su caso no está resuelto y la amenaza de su deportación sigue vigente.



La querella legal presentada el miércoles solicita que se considere -como sucede en los casos de justicia criminal- la capacidad económica del detenido para establecer la fianza con miras a su libertad condicional, así como que se considere la posibilidad de que se pague no sólo con dinero en efectivo sino también con bienes.



Igualmente, se pide que las autoridades consideren “condiciones alternativas de supervisión, (como vigilancia electrónica o requerimientos de reporte periódico) solos o en combinación con una fianza menor”.



“Esperamos que el gobierno sea consciente y modifique sus criterios para establecer las fianzas, y que tenga en cuenta la condición económica de la persona. Es algo muy básico y muy simple de hacer”, aseguró Kaufman.



Sólo en los cuatro centros de detención del sur de California contra los cuales ACLU estableció la demanda legal hay más de 3.000 detenidos, de los cuales cerca de un centenar no tiene los medios para pagar su fianza, según la organización.