Corte Suprema avala aplicación de norma de «carga pública»

El Tribunal Supremo aprobó este lunes, sin unanimidad, que el Gobierno pueda aplicar la norma de «carga pública», por la que puede rechazar los permisos de residencia a inmigrantes que reciban beneficios públicos, mientras se resuelven apelaciones pendientes.

La aplicación de la norma, anunciada por el Ejecutivo en agosto de 2019, fue avalada con una votación de 5-4 de los magistrados, tras haber sido bloqueada en octubre pasado, cuando debía entrar en vigor, por las cortes del distrito de Nueva York, California, Washington, Illinois y Maryland.

El pasado 5 de diciembre, el tribunal de apelaciones del noveno circuito desestimó los fallos de las cortes del Distrito Norte de California y del Distrito Este de Washington que bloqueaba el intento del Gobierno de Donald Trump de recuperar esta normativa.

Cuatro días después, el tribunal de apelaciones del Cuarto Distrito admitió una medida interpuesta por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) para suspender las mociones concedidas por la corte del distrito de Maryland.

«Hoy, el Tribunal (legítimamente) otorga una suspensión, lo que le permite al Gobierno seguir (por ahora) su política en todas partes, salvo Illinois», señaló la decisión del Supremo.

La polémica norma establece que un inmigrante legal que viva en el país será definido como «carga pública» si recibe «uno o más beneficios públicos designados» durante más de 12 meses en un período de 36 meses.

Estos beneficios públicos incluyen asistencia alimentaria, vales de ayuda de vivienda y programas que subsidian el elevado costo de los medicamentos, entre otros.

Para la directora adjunta de la organización America’s Voice, Pili Tobar, la decisión del Supremo confirma que la «inmigración en la América de Trump» es «solo para los ricos».

Sobre el fallo del Supremo, la presidenta de la organización Community Change Action, Lorella Praeli, advirtió que el no proteger «a los más vulnerables tendrá consecuencias duraderas para mujeres, niños y ancianos», al tiempo que calificó de «discriminatoria» la norma.

La normativa apunta además a reducir la cantidad de inmigrantes legales a los que se les permite ingresar y residir en el país, al facilitar el rechazo de las solicitudes de «green card» (como se conoce en inglés los permisos de residencia permanente) o de algunos visados.

Así, las autoridades podrán determinar si el inmigrante puede convertirse en un momento dado o se ha convertido en una «carga pública» para la Administración, es decir, si «depende principalmente» de la asistencia de fondos públicos para subsistir, y luego cancelar su estatus migratorio legal.

De este modo, una persona poseedora de la tarjeta de residente permanente o de algún tipo de visado conseguido por la vía legal podría ver afectada su situación en el país en caso de no poder mantener su economía personal sin ayudas públicas.

La medida no afecta a los refugiados, asilados y víctimas de violencia doméstica y tráfico de personas que residen en territorio nacional. FWD.us, una asociación creada por líderes tecnológicos partidarios de una nueva política migratoria y que presentó un documento de apoyo legal («amicus brief») en contra de la normativa, consideró que la decisión del Supremo hará «más difícil» la vida para quienes aspiran a convertirse en ciudadanos estadounidenses.

«Esta política es un esfuerzo con subterfugios de cortar la inmigración legal y perjudicará a millones de familias (incluyendo los estadounidenses nativos), nuestras comunidades y nuestra economía», afirmó en un comunicado el presidente de FWD.us, Todd Schulte. 

Mientras, el director ejecutivo del Foro Nacional de Inmigración, Ali Noorani, apuntó que estudios han encontrado que esta norma podría impedir que la mitad de los cónyuges de ciudadanos estadounidenses nacidos en el extranjero obtengan su «green card».

«Dañar los niños y las familias no debe ser un valor estadounidense», añadió Noorani, en tanto que Jess Morales Rocketto, presidenta de la organización Families Belong Together, lamentó que la Administración de Trump esté «atacando una vez más el espíritu del sueño americano».