Gobierno propone aumentar costos de apelaciones de inmigración

El Gobierno del presidente Donald Trump propuso el aumento de tarifas que se deben pagar en los recursos de apelación a decisiones adversas de inmigración, entre otros trámites.

Las alzas de costo de los recursos legales que se presentan a la Junta de Apelaciones de Inmigración, como las solicitudes de suspensión de deportación o de cancelación de expulsión, superan en algunos el 500 %.

En un comunicado, la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR) informó que este día se presentó al Registro Federal un aviso de propuesta de reglamentación relacionada con los costos relacionados con algunos trámites que, según la oficina, no han aumentado en los últimos 30 años.

Entre los aumentos propuestos está el del formulario usado para apelar el fallo de un juez de inmigración. Este proceso subiría de 110 dólares a 975, un incremento de más de 786 %.

Las apelaciones a una decisión de un oficial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), bajo el formulario tendrían un alza de más de 540 %, al pasar de 110 a 705 dólares.

La propuesta también aumenta la tarifa por presentar una moción para reabrir o reconsiderar un caso en la Junta de Apelación. El alza es de 713 % al subir de 110 a 895 dólares.

“Los aumentos de tarifas propuestos son marginales en términos ajustados a la inflación y mitigarían la importante subvención de los contribuyentes a estos formularios y mociones”, dijo en el comunicado James McHenry, director de EOIR.

“EOIR se ha retrasado por una revisión de sus tarifas, especialmente debido a que su carga de casos y costos ha aumentado sustancialmente desde 1986”, agregó.

El comunicado también resalta que han pasado 33 años desde que EOIR realizó una revisión exhaustiva de los costos, a pesar de las normas de la Oficina de Administración y Presupuesto, que requieren una revisión bienal de tarifas. 

La Oficina advierte que el aumento evitaría el gasto de 45 millones de dólares, dinero que vienen de los contribuyentes.También advierte que la regla propuesta no afecta la capacidad de los jueces de inmigración, o de la Junta de Apelaciones, para otorgar un perdón de pago a aquellos inmigrantes que demuestren que no pueden pagar.