El Gobierno Trump cumple con la orden de reactivar programa para «soñadores»

El Gobierno de Donald Trump cumplió con una orden judicial que le instaba a reactivar el programa para jóvenes indocumentados conocidos como «dreamers» o «soñadores».

En cumplimiento también de dicha orden, emitida por el juez federal Nicholas Garaufis, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) publicó en su página web una notificación con las consecuencias inmediatas de la reactivación del programa, llamado Acción Diferida o DACA.

«El DHS cumplirá con la orden del juez Garaufis mientras esta permanezca en vigor, pero el DHS puede solicitar amparo de la orden», apunta el departamento en la web.

En la notificación, el DHS también anuncia que a partir de este lunes acepta tanto nuevas solicitudes como renovaciones de dos años de DACA, un programa creado durante el mandato del presidente Barack Obama que permite a jóvenes indocumentados que llegaron a Estados Unidos de niños vivir y trabajar legalmente sin miedo a la deportación.

El secretario de Seguridad Nacional, Chad Wolf, aprobó este verano un memorando en el que rechazaba nuevas solicitudes al programa DACA y reducía la extensión a los beneficiaros actuales de dos a un año.

Wolf aprobó este memorando después de que en junio el Tribunal Supremo de Estados Unidos decidiera mantener en pie el programa, protegiendo de la deportación a casi 650.000 jóvenes indocumentados y dando un enorme revés para el presidente Donald Trump.

El memorando se topó en seguida con demandas en los tribunales para reactivar DACA, que durante el mandato de Trump ha sido objeto de numerosos litigios.

Antes de su orden de reactivar el programa, Garaufis ya decidió en noviembre que Wolf asumió su cargo de manera ilegal, por lo que invalidó todas las disposiciones del memorando firmado por él este verano.

El juez advirtió además al Gobierno de Trump de que no podía crear sus propias leyes, y dijo que sus ataques a este programa eran un «uso triste e inapropiado de la supuesta autoridad ejecutiva para negar a los beneficiarios de DACA y a aquellos que son elegibles la capacidad de ejercer sus derechos».