Después de 3 años y $1.5 millones, policías involucrados en un escándalo de racismo en Nueva Jersey podrían enfrentar disciplina

Riley Yates, NJ Advance Media para NJ.com

Al investigar un escándalo de racismo en el municipio de Clark, el fiscal general Matthew Platkin pidió el mes pasado el despido de dos oficiales de policía que fueron grabados usando insultos raciales y explicó que sus palabras y hechos los descalifican para usar una placa.

El jefe de policía, Pedro Matos, y el sargento de Asuntos Internos, Joseph Teston, «no son aptos para servir como agentes del orden», dijo Platkin al publicar un informe devastador que criticaba los esfuerzos del municipio para encubrir grabaciones secretas de la pareja y del alcalde Sal Bonaccorso usando epítetos que incluían la palabra «n».

Sin embargo, al pedir el «despido inmediato» de Matos y Teston, Platkin reconoció una realidad espinosa: aunque tiene amplios poderes como máximo funcionario encargado de hacer cumplir la ley en Nueva Jersey, las decisiones disciplinarias recaen en última instancia en el municipio, en donde Bonaccorso y sus aliados continúan reinando.

Pero el lunes, el Concejo Municipal cedió a la presión de Platkin y votó a favor de contratar a un agente independiente de audiencias en relación a los cargos disciplinarios. Lo hicieron cuando Platkin amenazó con buscar cambios en la ley estatal si el municipio no designaba a alguien fuera del gobierno de Clark para decidir si Matos y Teston debían conservar sus empleos.

«Estamos recomendando que se les despida sobre la base de una investigación de un año de duración que es tan exhaustiva como cualquier investigación que haya visto en el contexto de asuntos internos», señaló Platkin en su conferencia de prensa del 20 de noviembre. «Creo que está claro que el pueblo debe seguir estas recomendaciones. Y si no lo hacen, creo que deberíamos tener una conversación sobre cómo me otorgarían esa autoridad para hacerlo».

Matos y Teston están de licencia remunerada desde julio de 2020, al igual que un tercer oficial involucrado en la controversia, el capitán Vincent Concina. En conjunto, se les ha pagado más de $1.5 millones en salarios sin trabajar, después de que la Oficina del Fiscal del Condado de Union se hiciera cargo del departamento de policía, citando «acusaciones creíbles de mala conducta».

El informe tan esperado del fiscal general recomendó que Matos y Teston fueran despedidos y que Concina enfrentara medidas disciplinarias, incluyendo su degradación a teniente.

Los fiscales también acusaron a Bonaccorso en un caso criminal no relacionado descubierto durante la investigación, diciendo que utilizó empleados y equipos del municipio para beneficiar a su negocio particular de jardinería y falsificó solicitudes de permisos para el trabajo que realizaba su empresa.

Bonaccorso ha prometido luchar contra los cargos, que fueron calificados por su abogado de «defectuosos e incorrectos». El año pasado, el republicano, quien ha ocupado el cargo durante seis mandatos, se disculpó por su lenguaje racista, pero se ha resistido a los pedidos generalizados para que renuncie a su cargo.

Teston no respondió a una solicitud de comentarios. No se pudo localizar a Matos ni a Concina.

El escándalo estalló públicamente en marzo de 2022, cuando NJ Advance Media reveló que el municipio había pagado discretamente un acuerdo de más de $400,000 dólares a un denunciante, el ex teniente Antonio Manata, después de que este amenazara con exponer las grabaciones que había realizado en secreto.

Según el acuerdo de enero de 2020, Manata entregó las cintas y acordó no presentar una demanda que los hubiera puesto en el ojo público. A cambio, también se le permitió permanecer en nómina durante más de dos años sin trabajar hasta que sea elegible para jubilarse.

El agente de audiencias disciplinarias será Brian Kronick, un abogado de Jersey City especializado en disputas laborales. Se le pagarán $1,500 por día durante las audiencias y $200 por hora por su trabajo legal, según la resolución del municipio. Kronick no respondió a una llamada telefónica en busca de comentarios.

El jueves, el presidente del Concejo, William Smith, confirmó el nombramiento y lo calificó de ser un «agente independiente de audiencias con experiencia». Smith dijo que Kronick fue seleccionado de una lista mantenida por la Comisión de Relaciones Públicas de Empleo de Nueva Jersey, una agencia de supervisión de asuntos laborales, pero no ofreció más comentarios.

​La votación del lunes se produjo mientras los miembros del Concejo seguían negándose a abordar la controversia, dijo Michael Shulman, un crítico abierto de la Junta alineada con Bonaccorso, que asistió a la reunión.

«Están haciendo lo que tienen que hacer para darles a estos oficiales el debido proceso», dijo Shulman, un abogado que se postuló sin éxito al Concejo el año pasado. «No están diciendo que estos muchachos deberían quedarse sin trabajo. No han hecho ningún comentario sobre las conclusiones del fiscal general».

Shulman dijo que las razones para designar a un agente de audiencia externo son obvias.

«Todo el mundo tiene las manos manchadas de sangre por esto», dijo Shulman sobre los funcionarios del municipio. «Ellos necesitan a alguien que sea independiente».

No está claro cómo se desarrollarán las posibles audiencias disciplinarias y si también involucrarían a Manata, quien enfrentaba su propia investigación de asuntos internos. El informe del fiscal general no recomendó medidas disciplinarias específicas en su contra, aunque lo reprendió por grabar en secreto las interacciones que tuvo con el público mientras trabajaba hace una década o más.

Manata ha demandado a los fiscales estatales y del condado, acusando que la investigación le ha impedido recibir su pensión. Su abogada, Valerie Palma DeLuisi, no respondió una llamada telefónica para hacer comentarios.

La Oficina del Fiscal General dijo que participaría en cualquier audiencia disciplinaria para presentar sus conclusiones contra los agentes. Los fiscales acogieron con satisfacción el nombramiento de un agente de audiencias externo, que calificaron como un «primer paso» en el proceso.

«Dado el obvio conflicto de intereses en este asunto, es imposible que se resuelva objetivamente de otra manera», dijo un comunicado emitido el jueves por Michael Symons, portavoz del fiscal general. «Esperamos que el agente de audiencias seleccionado adopte las recomendaciones establecidas en el informe emitido por esta oficina».

Esta traducción fue realizada por New Jersey Hispano, en asociación con el Centro de Medios Cooperativos de la Universidad Estatal de Montclair, y cuenta con el apoyo financiero del Consorcio de Información Cívica de NJ. La historia fue escrita originalmente en inglés por NJ Advance Media for NJ.com y se vuelve a publicar en virtud de un acuerdo especial para compartir contenido a través del Servicio de noticias de traducción al español de NJ News Commons.

This translation was provided by New Jersey Hispano, in partnership with the Montclair State University Cooperative Media Center, and is financially supported by the NJ Civic Information Consortium. The story was originally written in English by NJ Advance Media for NJ.com and is republished under a special content sharing agreement through the NJ News Commons Spanish Translation News Service.