Fiscales defienden la legalidad de DACA

Una coalición de 23 fiscales estatales presentó un escrito ante la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito en el que defiende el programa migratorio DACA y pide al tribunal anular el fallo de un juez federal que determinó que ese beneficio es ilegal.

En el documento legal, conocido como “amicus brief”, los procuradores respaldaron a los casi 600.000 jóvenes que están amparados por el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), un amparo que los protege de la deportación desde 2012, cuando el gobierno de Barack Obama lo creó.

En septiembre del año pasado, el juez federal en Texas Andrew Hanen rechazó una normativa que emitió el Gobierno del presidente Joe Biden en agosto de 2022 para corregir una violación a la Ley de Procedimiento Administrativo y determinó que el beneficio es ilegal, como alega un grupo de estados republicanos que buscan terminar con DACA.

La Administración Biden y el Fondo Mexicoamericano de Defensa Legal y Educación (MALDEF) llevaron la batalla legal a la corte de apelaciones, que está evaluando el fallo. 

La coalición liderada por el fiscal de California, Ron Bonta, y la fiscal de Nueva York, Letitia James, ha instado al tribunal a revocar la decisión de Hanen.

Bonta dijo en un comunicado que está comprometido a luchar por los amparados por DACA y que “cualquier intento de poner fin a este programa crucial es negligente e irresponsable”.

Por su parte, James sostuvo que los “soñadores”, como se conoce a los amparados por DACA, han ayudado a la prosperidad de Nueva York y el país con su trabajo en áreas como salud y educación, entre otras. 

“Poner fin a este programa separará a las familias y sacará a los estadounidenses trabajadores de sus hogares”, advirtió la fiscal neoyorquina.

Este jueves un grupo de 168 instituciones educativas y organizaciones de 32 estados envió otro documento en respaldo a los “soñadores” en el que destaca el “enorme y positivo impacto” de estos inmigrantes.

Advierte este grupo de que el fin de DACA “sería un duro golpe para las instituciones de educación superior de todo tipo, así como para sus estudiantes y graduados”. 

Un informe reciente del Center for American Progress (CAP) encontró que el 91 % de los beneficiarios de DACA que son mayores de 25 años de edad están empleados, y el 47 % de ellos pudieron obtener un mejor empleo después de recibir el amparo.