Juez federal ratifica orden de la gobernadora Sherrill que prohíbe el acceso de ICE a ciertas propiedades estatales

Por Nijita Biryukov / www.newjerseymonitor.com

Una jueza de un tribunal de distrito de EE. UU. ratificó una orden ejecutiva de Nueva Jersey que limita el acceso de funcionarios federales de inmigración a zonas restringidas de propiedad estatal, dictaminando que el gobierno federal no logró probar su alegato de discriminación.

La decisión de la jueza Georgette Castner mantiene vigente una orden ejecutiva emitida en febrero por la gobernadora Mikie Sherrill (demócrata) que, en ausencia de órdenes judiciales, prohíbe a los funcionarios de inmigración el acceso a terrenos privados estatales y les prohíbe, en general, utilizar la propiedad estatal como base para operaciones de inmigración.

“ICE no está haciendo que las comunidades de Nueva Jersey sean más seguras. Por eso firmé una orden ejecutiva que restringe el acceso de sus agentes no capacitados a propiedades estatales restringidas. Una vez más, Trump intentó detenernos, y una vez más, ganamos”, declaró la gobernadora en un comunicado.

La administración Trump presentó una demanda en febrero, argumentando que la orden ejecutiva estaba invalidada por la ley federal, discriminaba indebidamente a las autoridades federales de inmigración e intentaba regular ilegalmente al gobierno federal. La jueza dictaminó que las leyes federales citadas por la administración Trump no entran en conflicto con la orden ejecutiva, ya que no imponen a los funcionarios estatales la obligación de cooperar.

Añadió que la orden no impide la aplicación de las leyes de inmigración, sino que prohíbe que los recursos de Nueva Jersey se destinen a dicha labor en la mayoría de los casos. La jueza afirmó que la ley federal que obliga a Nueva Jersey a ofrecer sus recursos para apoyar la aplicación de las leyes de inmigración violaría la doctrina de no injerencia, que establece, en términos generales, que el gobierno federal no puede dictar el contenido de la legislación estatal ni ordenar a los funcionarios estatales que apliquen la ley federal.

“El Congreso contempló la asistencia estatal en la aplicación de las leyes federales de inmigración, pero la concibió de forma voluntaria”, escribió Castner, nombrada por Biden. “El hecho de que Nueva Jersey haya decidido no participar voluntariamente —en el contexto limitado de la Orden Ejecutiva 12— está en consonancia con el propósito del Congreso, no en conflicto con él”.

La jueza dictaminó que declarar la orden de Nueva Jersey inválida supondría transferir indebidamente algunos costos de la aplicación de las leyes de inmigración al estado. La orden ejecutiva no regula indebidamente al gobierno federal porque se aplica a la propiedad estatal, una distinción que, según el juez, convierte a Nueva Jersey en propietario y no en regulador.

Incluso si no fuera así, la orden se mantendría vigente porque no interfiere sustancialmente con la aplicación de las leyes de inmigración, como sí lo haría, por ejemplo, la prohibición de los centros de detención privados que el ICE utiliza —casi exclusivamente— para la detención de inmigrantes, afirmó el juez.

Estados Unidos no alega hechos que sugieran que los agentes de inmigración dependan casi exclusivamente de la propiedad privada estatal para llevar a cabo la aplicación de las leyes de inmigración, ni que deba transformar por completo su enfoque en este ámbito como resultado de la orden ejecutiva, escribió el juez.

El juez determinó que la orden no discrimina al gobierno federal porque las alegaciones de discriminación requieren demostrar que una política se aplicó de manera desigual a individuos o grupos en situaciones similares. Dado que solo el gobierno federal tiene la responsabilidad de la aplicación de las leyes de inmigración civiles, la orden no trata a las fuerzas del orden federales peor que a las estatales o locales, dictaminó el juez.

Un portavoz del Departamento de Justicia de Estados Unidos declinó hacer comentarios. Se desconoce si el gobierno federal apelará la decisión.