Agencias de empleo continúan batallando contra la ley  que protege a los trabajadores temporales de Nueva Jersey

Por Sophie Nieto Muñoz / www.newjerseymonitor.com

Las agencias de empleo que luchan contra la histórica ley de Nueva Jersey que brinda a los trabajadores temporales nuevas y amplias protecciones han apelado ante un tribunal federal, sosteniendo que la ley es demasiado vaga para interpretarla e implementarla.

En un escrito presentado ante el Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito de Estados Unidos, las agencias afirman que una jueza de un tribunal federal de distrito se equivocó en su decisión de julio al rechazar las afirmaciones de las agencias de empleo de que la ley es inconstitucional, vaga y “ejerce irrazonablemente el poder policial”.

Es la última presentación en la batalla legal en curso entre el Departamento de Trabajo del estado y la New Jersey Staffing Alliance, la New Jersey Business and Industry Association y la American Staffing Association, grupos que presionaron agresivamente contra el proyecto de ley durante años, advirtiendo que sería un golpe fatal a las agencias de empleo.

Las empresas califican la ley de Nueva Jersey de “indescifrable” y su impacto en la economía estatal y en las empresas es “diezmado” y “devastador”.

“La legislación expulsará a las empresas del estado, diezmará a los proveedores de personal temporal de Nueva Jersey y, como resultado, perjudicará a los trabajadores temporales”, afirma la demanda.

El gobernador Phil Murphy promulgó la “Declaración de Derechos de los Trabajadores Temporales” en febrero, después de años de defensa por parte de activistas laborales y de inmigración. La ley creó protecciones contra acciones laborales de represalia, condiciones de trabajo inseguras y deducciones salariales por comidas y transporte, así como derechos básicos como proporcionar asignaciones de trabajo en el idioma nativo de un empleado y notificación de cambios de horario.

Entró en vigor en agosto, pero no está claro qué disposiciones se han implementado mientras el Departamento de Trabajo continúa ultimando las regulaciones. 

Alrededor de 127.000 empleados temporales trabajan en casi 100 agencias de empleo en Nueva Jersey.

Make the Road New Jersey, un grupo de defensa de inmigrantes y trabajadores, lideró la batalla de años para impulsar la aprobación de la legislación.

Garrett O’Connor, director de organización y política de trabajadores del grupo, calificó el informe de las empresas como un “intento desesperado por parte de las agencias de empleo para impedir que los trabajadores mantengan los derechos que ya han ganado”.

“La ley actual brinda justicia y equidad a nuestros trabajadores esenciales y finalmente hace que los empleadores ilegales rindan cuentas”, dijo O’Connor. “Ninguna empresa respetuosa de la ley debería temer eso. El cambio está aquí y la industria del personal (y sus clientes corporativos multinacionales) deben aceptarlo”.

¿Una ley costosa?

Las agencias de empleo que luchan contra la ley afirman que ha generado pérdidas económicas que les causarán un daño irreparable. Quieren que un juez bloquee su aplicación.

En su informe de esta semana, incluyeron declaraciones de 12 empresas que afirmaban que la nueva ley les costó millones.

El director ejecutivo de Two River Benefits Consultants, David Koch, dijo que las comisiones de su empresa cayeron un 33% en los primeros cinco meses del año, en comparación con 2022. Muchos clientes han descontinuado algunos servicios debido a la ley y las “conjeturas” que requiere, dijo. Y dijo que canceló el contrato de arrendamiento de su edificio y está abriendo un nuevo negocio en Carolina del Sur debido a las “disposiciones difíciles” de la nueva ley.

TeleSearch afirma que podría cerrar porque sus 10 principales clientes industriales, con un valor de 10 millones de dólares en ingresos, cancelarán sus servicios. Staffing Alternatives espera perder clientes por un valor de más de 50 millones de dólares en ingresos, y United Temporary Services perderá clientes que producirán 28 millones de dólares en ingresos.

Culpan a una disposición de la nueva ley que exige a las agencias dar a los trabajadores temporales salarios y beneficios iguales a los de sus homólogos de tiempo completo que realizan un trabajo similar. Muchos trabajadores temporales permanecen en el mismo lugar de trabajo durante años, lo que se denomina posición “perma-temporal”, donde los trabajadores ganan menos que sus homólogos de tiempo completo y no reciben beneficios.

Las empresas también argumentan que la ley viola las leyes de comercio interestatal al exigir que otros estados cumplan con las protecciones para trabajadores temporales de Nueva Jersey. Eso podría llevar a los estados vecinos a promulgar leyes de represalia, lo que provocaría una “guerra de precios para los trabajadores”, acusan las empresas.

Y calificaron la ley de Nueva Jersey como demasiado vaga para interpretarla, haciéndola inconstitucional. Requiere que los empleadores proporcionen beneficios equivalentes a los que recibe un trabajador de tiempo completo, pero las agencias de empleo dicen que no hay forma de calcular eso o entender qué “beneficios” encapsula.

Después de que los abogados de las agencias preguntaran en el tribunal en julio si los cálculos de salarios y beneficios deberían incluir el tiempo de trabajo, el mérito, la ubicación del lugar de trabajo, los viajes, la educación y más, el juez del tribunal de distrito dijo que los demandantes estaban “admitiendo tácitamente que saben exactamente el tipo de factores relevantes” a considerar. También ordenó a los demandantes que esperaran hasta que el Departamento de Trabajo publicara las regulaciones propuestas para la ley a finales de ese mes.

Pero en su último informe, las agencias argumentaron que la larga lista de lo que debería incluirse y qué beneficios (seguro médico y de vida, tiempo libre remunerado, vacaciones, discapacidad, 401K u otros fondos de jubilación) “crea una lista abierta de beneficios potenciales”. 

“Incluso los empleadores con experiencia en la industria del personal temporal no comprenden estas disposiciones vagas y contradictorias”, argumentaron las agencias.

No existe ninguna norma sobre cómo los beneficios, cualquiera que esté incluido, se convierten al equivalente en efectivo requerido por la ley actual. Las agencias consideran que es “matemáticamente imposible” calcular el equivalente en efectivo, considerando los diversos paquetes de beneficios disponibles. Algunos beneficios comienzan después de un cierto período, como la pensión o el tiempo de vacaciones acumulado, y dicen que no hay explicación de cómo contabilizar esto.

Debido a que las agencias afirman que no pueden cumplir uniformemente con estas disposiciones “sin estándares”, advirtieron que esto daría lugar a una aplicación arbitraria por parte del Departamento de Trabajo.

Las empresas pueden recibir multas de miles de dólares por no seguir las normas de la ley. Eso conduce a un ejercicio irrazonable del poder policial, porque impone “restricciones inusuales e innecesarias a negocios legales”, concluyeron las agencias.